(OroyFinanzas.com) – Hace unos días nos vimos enzarzados en una polémica sobre si el tipo de interés básico del BCE había de subir y, en su caso, cuándo debía hacerlo y en qué cuantía. Como saben, su Consejo de Gobierno finalmente decidió subirlo, hasta situarlo en el 1.25%. ¿Nunca se ha preguntado por qué ha de reunirse una comisión de expertos en una institución pública para decidir un precio?

Es, sin lugar a dudas, una situación excepcional en las economías de mercado, en las que, normalmente, el precio lo deciden consumidores y empresarios, en función de sus preferencias y su poder de negociación. Es mi intención subrayar aquí la anomalía que supone la convivencia de una moneda administrada por el Estado en una economía de mercado. Espero con ello contribuir, aunque sea tan modestamente, al casi ya olvidado debate sobre la necesidad de introducir competencia y reglas de mercado en la creación de dinero.

Como regla general, el Estado no sabe más ni decide mejor que quienes actúan diariamente en un mercado. Más bien al contrario, sabemos ya por experiencia que cuando el Estado interviene directamente en los precios provoca una deficiente asignación de los recursos: tanto cuando fija un precio mínimo que subsidia a los productores, como cuando fija un precio máximo que subsidia a los consumidores, provoca desajustes en los precios y cantidades intercambiadas.

En el caso del mercado monetario, el BCE es el banco que disfruta del monopolio de emisión del dinero de curso legal en el área del euro. Al ser es el único oferente en el mercado de creación de dinero legal, tiene poder para fijar el tipo de interés al que concede crédito a bancos y cajas. Ello convierte nuestro sistema monetario en un “no mercado”, controlado por el Estado, donde la reserva única y última de liquidez está centralizada en manos de un solo banco emisor.

En esta situación tan excepcional, el precio al que este banco (monopolista) concede crédito a las entidades financieras se convierte en un dato clave para la economía; ya que este precio condicionará, en gran medida, la política de concesión de créditos que luego aplicarán los bancos y cajas a sus clientes.

Ahora bien, no por ser algo habitual (en España, el monopolio de emisión se remonta a 1874), deberíamos dar por sentada la conveniencia de esta intervención estatal en el mercado monetario; ni tampoco considerarla como una regulación “natural” de la moneda, ¡como si fuera un hecho ya propio de las economías de mercado!

Al contrario, es el que fija una regulación tan excepcional quien ha de demostrar su superioridad sobre un sistema basado en la competencia y la apertura del mercado a varios bancos emisores de distintos medios de pago. La tan aludida existencia de “fallos del mercado” en lo que atañe al dinero, aún si los hubiera, no debe llevarnos automáticamente a la sustitución del mecanismo del mercado por procedimientos de asignación de recursos controlados por el Estado, si ello no supone una mejora del bienestar en la sociedad.

Como ya casi todos reconocen hoy, los bancos centrales, la Reserva Federal de EE.UU. especialmente y, en menor medida, el BCE, fijaron un tipo de interés excesivamente bajo durante la última expansión.

Esta subvención encubierta del crédito disparó la creación mundial de medios de pago: en la eurozona la liquidez llegó a crecer a tasas anuales cercanas al 12% en 2007, ¡una cifra casi tres veces superior a la considerada por el propio BCE hasta 2003 como compatible con la estabilidad de los precios! Bien puede deducirse que, de manera indirecta, el BCE habría estado subvencionando durante muchos años la inversión empresarial, la compra de vivienda y el consumo de bienes duraderos. Y digo subvencionando porque la inversión y endeudamiento aumentaron, y mucho, pero ello no respondió a un aumento previo del ahorro de las familias o de las empresas, sino a la masiva disposición de crédito a un precio a todas luces muy bajo; al menos, a un precio menor al que habría resultado de la disposición real de ahorro en la economía durante esos años.

Todo ello sabemos cómo ha terminado: la baratura – artificialmente creada- del crédito ha facilitado incurrir en malas inversiones empresariales, que ahora han de reestructurarse o abandonarse, así como a niveles de endeudamiento de las familias que ya antes de la crisis parecían insostenibles.

En mi opinión, mientras tengamos que convivir con esta excepcionalidad en el mercado monetario, el banco central debería, al menos, tomar sus decisiones “como si” actuara en un mercado monetario abierto y competitivo. Ello pasaría por adoptar una verdadera regla monetaria que vinculara al banco emisor con el mantenimiento del poder de compra de su moneda a medio y largo plazo.

El seguimiento de esta regla limitaría el crecimiento excesivo de la liquidez cuando los precios de los bienes, y el de los activos,  se dispararan, lo que evitaría caer en una nueva política de crédito barato. Sabemos bien que la subvención del crédito sólo nos conduciría a un nuevo escenario de crecimiento económico artificial que, más pronto que tarde, acabaría en una nueva crisis.

Tradicionalmente, los reguladores nos han querido convencer de que el Estado debe intervenir en el mercado de dinero para evitar las convulsiones a que nos conduciría el mercado libre, guiado por el mero – y siempre denostado – afán de lucro: ¿creen de verdad que la introducción de competencia en el mercado de dinero nos habría conducido a una situación peor, o más inestable, que la vivida desde 2007? Visto lo visto, sinceramente, cuesta mucho creerlo.

Autor: Juan Castañeda. Economista, UNED

Artículo publicado en Expansión el 25 de Abril de 2011

Fuente: Expansión

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