(OroyFinanzas.com) – A lo largo de los últimos años, es muy habitual encontrar en los medios de comunicación referencias críticas a los resultados de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, daría la impresión de que una buena parte de los agentes (políticos, periodistas, ciudadanos de la calle…) que aluden a ellas desconocen qué son exactamente, y es ese desconocimiento el que les lleva a hacer afirmaciones incorrectas acerca de las causas del saldo presupuestario que ponen en tela de juicio.

Una balanza fiscal mide el impacto de la actividad financiera del sector público en un territorio determinado. En el caso español, lo más habitual es que se haga referencia a la balanza fiscal del gobierno central o, dicho de otra manera, al impacto de la actividad financiera de la Administración General del Estado (incluida la Seguridad Social) en una Comunidad Autónoma determinada.

¿Qué miden las balanzas fiscales?

Las balanzas fiscales son una herramienta contable que permite comparar los ingresos del gobierno central que se generan en un territorio con los gastos que se realizan dentro de su circunscripción. Cuando los ingresos superan a los beneficios del gasto, se dice que hay déficit fiscal, mientras que cuando son los gastos recibidos los que superan a los ingresos, se dice que la Comunidad Autónoma en cuestión tiene superávit fiscal.

¿Cuál es el origen de ambos tipos de desequilibrios? La razón hay que buscarla en la estructura de los gastos e ingresos que se incluyen en los presupuestos del gobierno central. Por el lado de los ingresos, hay que tener en cuenta que uno de los principales impuestos, el que grava la renta de las personas físicas (IRPF), tiene una estructura progresiva. Eso significa que el tipo impositivo medio que pagan los contribuyentes crece a medida que lo hace su renta.

Por lo tanto, en aquellas Comunidades Autónomas en las que resida un mayor volumen de contribuyentes de renta alta se recaudará proporcionalmente más que en los territorios donde viva un porcentaje mayor de personas de renta baja. En cualquier caso, dos contribuyentes idénticos que residan en distintas Comunidades pagarán los mismos impuestos al gobierno central.

Por el lado de los gastos, la Administración General del Estado puede gastar más en unos territorios que en otros por diversas razones. En algunos casos, porque las circunstancias así lo indiquen: una Comunidad Autónoma puede tener puntualmente más necesidades que otra (por ejemplo, por una catástrofe natural), o sencillamente tener un stock de capital público inferior a las demás Comunidades.

En otros, puede decidir gastar más por razones de oportunidad política, con el objetivo de recabar más votos en las elecciones, o en el propio Parlamento, a la hora de aprobar los presupuestos. Un buen ejemplo de ambos casos es la localización de las inversiones del gobierno central: podría inyectar un volumen de inversión mayor en un territorio determinado debido a razones de especial necesidad o, alternativamente, para “premiar” a una circunscripción electoral por razones políticas.

En segundo lugar, el diseño de las prestaciones incluidas en el sistema de Seguridad Social implica, inevitablemente, un gasto mayor en unos territorios que en otros: allá donde haya un mayor volumen de beneficiarios, habrá un gasto mayor en prestaciones. En concreto, las pensiones se pagan a aquellas personas que han devengado su derecho después de un número mínimo de años cotizados.

En aquellas Comunidades en las que resida un mayor porcentaje de beneficiarios, se detectará un mayor beneficio del gasto de la Seguridad Social. Lo mismo ocurre con la prestación por desempleo: los territorios con una mayor tasa de paro tenderán a percibir una mayor corriente de beneficios de esta partida de gasto. Sin embargo, dos ciudadanos con idénticas circunstancias (de cotización, salario previo, etc) que residan en dos Comunidades distintas percibirán las mismas prestaciones o, dicho de otra manera, el mismo trato de la Administración Central.

Como consecuencia de todo lo anterior, y con todas las salvedades necesarias en relación con la distribución territorial de las inversiones del Estado, las regiones con un mayor dinamismo económico, mayor concentración de contribuyentes de renta alta y menor tasa de paro (que, además, suelen ser las menos envejecidas en términos relativos) tienden a contribuir proporcionalmente más, con sus impuestos, al sostenimiento de los gastos del gobierno central (tienen déficit fiscal).

Por el contrario, las Comunidades con menor actividad económica y un mayor porcentaje de hogares de renta baja, desempleados y pensionistas, tienden a recibir un beneficio proporcionalmente mayor del gasto de la Administración Central (superávit fiscal). Pero este saldo no es otra cosa que el resultado del funcionamiento más o menos automático de la estructura redistributiva de los programas de gastos e ingresos propios del Estado del Bienestar, y tiene muy poco que ver con la forma en que se financian los gobiernos regionales.

Ana Herrero, Licenciada en Derecho, doctora en Economía y profesora de la UNED desde 1997, donde imparte docencia de Economía, Economía del Estado del Bienestar y Hacienda Pública Descentralizada

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Analista de OroyFinanzas.com, es profesora de la UNED, donde imparte docencia de Economía, Economía del Estado del Bienestar y Hacienda Pública Descentralizada.