(OroyFinanzas.com) – El Banco de España, en su último Boletín Económico de Julio-Agosto de 2014 [1], dedica un capítulo especial a la evolución del sistema de pensiones español. La conclusión general del estudio es que, dado el progresivo envejecimiento de la población, la pensión media que percibirán las generaciones futuras será sustancialmente menor a la actual, suponiendo que la economía española vuelva a la senda de crecimiento potencial en los próximos años, en el entorno del 3% anual.
En este sentido, el Estado asume que no podrá hacer frente a los compromisos adquiridos de facto cuando el trabajador entra en el sistema, exigiéndole, no obstante, una cotización obligatoria. La otra derivada es la progresiva desaparición del vínculo entre el coste que le supone al cotizante pertenecer al sistema (en forma de impuesto sobre su salario) y el beneficio que le reporta, en este caso, la pensión que en un futuro recibirá.
Esta realidad es la que subyace a las reformas que el Gobierno está elaborando para asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social y que se traducen, por un lado, en un nuevo índice de revalorización de pensiones asociado al balance de ingresos y gastos de la Seguridad Social, y por otro lado, en el establecimiento del llamado “factor de sostenibilidad”: puesto que vamos a vivir más años en el futuro, la pensión inicial ha de ser menor en aras de la “solidaridad intergeneracional”, cuestión que queda aún menos clara conforme se avanza en la literatura de pensiones.
Por ello, el Banco de España recomienda incentivar “el ahorro para la jubilación, de forma que permita complementar en el futuro las pensiones públicas financiadas mediante el sistema de reparto.
Es necesario advertir la incongruencia de este razonamiento. El sistema de pensiones en Europa está basado en lo que los anglosajones denominan “PAYGO model”, mediante el cual el Gobierno, a través de las cotizaciones de los trabajadores en activo, realiza el pago de las pensiones a los jubilados.
La hipótesis implícita en el modelo es que, tal y como sucede en todo esquema piramidal o, como se denomina en la Teoría Económica, un esquema Ponzi, el sistema solamente puede funcionar si la base de la población que aporta crece indefinidamente a lo largo del tiempo por encima de lo que crece la población beneficiaria.
Sin embargo, se dan dos problemas que evidencian la inconsistencia de este modelo.
En primer lugar, desde el punto de vista demográfico, uno de los factores que explican el envejecimiento de la población es la reducción progresiva de la tasa de natalidad, la cual se produce, entre otras causas, precisamente como consecuencia del actual sistema de reparto.
Numerosos estudios determinan que existe una correlación notable entre el creciente tamaño del sistema público de pensiones y el descenso de la tasa de natalidad. Se puede destacar el trabajo de Boldrin, (“Fertility and Social Security”,NBER, 2005), donde trata estadísticamente una serie temporal comprendida entre los años 1950 y 2000 en Estados Unidos y Europa, mostrando que alrededor del 50% de la reducción de los índices de natalidad se explica por el crecimiento del sistema público de pensiones. La explicación es que, en ausencia de un sistema de pensiones, una razón de peso para tener hijos es la de poseer una mayor seguridad económica en la vejez. Además, dado que la financiación pública de pensiones tiene un efecto más notorio sobre las familias más próximas a los niveles inferiores de renta, se pone de manifiesto la observación de que la reducción de la tasa de natalidad ha sido mucho más considerable en los hogares más humildes.
En España, los datos corroboran lo anteriormente expuesto. Según fuentes del INE, desde la institucionalización del sistema de Seguridad Social, la tasa bruta de natalidad (número de hijos por cada 1000 habitantes) ha descendido desde 17,20 nacidos en 1978 a 9,69 nacidos en 2012.
Por otro lado, el segundo problema se refiere a los incentivos al ahorro dentro del sistema público de reparto. Considerando el sistema impositivo vigente en España que penaliza el ahorro y sitúa el esfuerzo fiscal de los españoles por encima de la media europea, hay que aclarar que en economía se produce un “efecto sustitución” entre pensiones públicas y ahorro privado. Es decir, los ciudadanos, que a igualdad de condiciones preferimos satisfacer nuestras necesidades lo antes posible, tenemos pocos incentivos para ahorrar (esto es, retrasar nuestro consumo presente) si sabemos que dispondremos de una pensión en el futuro que será pagada por la siguiente generación.
Sin embargo, autores como el Nobel Robert J. Barro (Are the Government Bonds Net Wealth, NBER, 1972) muestran cómo los padres, conscientes de la creciente carga de las pensiones para sus hijos, acumulan más riqueza, a pesar de pagar impuestos más altos. Si a ello se añade la creciente carga de la deuda pública y la inexistente reducción real del gasto público, las generaciones presentes harán un esfuerzo aún mayor, conducta que entronca con la intuición que hace dos siglos tuvo David Ricardo y que, en su honor, se denomina “Equivalencia Ricardiana”.
En cualquier caso, el ahorro mundial sigue descendiendo, tal y como demuestra el Banco Mundial en su informe “Saving in the World”. En el caso particular de España, desde 2007, la tasa de ahorro nacional ha caído 3,2 puntos porcentuales mientras el ahorro familiar se sitúa en mínimos históricos, registrándose en términos trimestrales, un ahorro negativo en el primer trimestre de 2014.
Por ello, atendiendo a la red de desincentivos que el actual sistema de reparto genera, la recomendación del Banco de España de incrementar el ahorro resulta harto complicada.
Garantizando siempre una pensión subsidiaria para quienes no poseen capacidad suficiente, la sociedad civil ha de plantear alternativas a este sistema, introduciendo nuevas fórmulas basadas en una privatización paulatina de la provisión de pensiones, donde el ahorro se constituya como el vehículo de financiación de la jubilación, y no un esquema de transferencias intergeneracionales que acrecienta la carga de los que aún están por venir y favorece el envejecimiento de nuestra sociedad moderna.
Agradezco a Javier Santacruz Cano su inestimable ayuda en la recopilación de datos y sus comentarios para la elaboración de este artículo.
Por JAIME MARTÍNEZ MUÑOZ, economista y consultor
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