(OroyFinanzas.com) – La agencia de noticias EFE, informa que Amnistía Internacional ha denunciado que la policía de Papúa Nueva Guinea, ha expulsado ilegalmente a personas que viven cerca de una mina de oro propiedad de Barrick Gold, la mayor compañía minera de oro del mundo. Amnistía Internacional ha denunciado que la policía de Papúa ha llevando a cabo desahucios ilegales en los alrededores de la mina de oro Porgera, la más grande del país.
Según señala el informe de Amnistía Internacional, entre abril y julio de 2009, la policía habría asaltado y quemado al menos 130 edificios en las proximidades de la localidad de Porgera, sin dar tiempo a sus ocupantes a recoger sus pertenencias, y obligándoles a abandonar la zona.
El 95% de la mina de Porgera, es propiedad de Porgera Joint Venture (PJV), filial del mayor productor de oro del mundo, la compañía canadiense Barrick Gold Corporation. Porgera Joint Venture, reconoce que paga alojamiento, combustible y dietas a policías, pero sólo “a aquellos que respetan las leyes nacionales e internacionales y los derechos humanos”.
Aunque Amnistía no acusa a Porgera Joint Venture de pagar a los agentes por la violencia que ejercen sobre la población, la organización sostiene que PJV, no está haciendo lo necesario para que las autoridades cejen en su acoso a los vecinos de esa localidad.
Shanta Martin, especialista en minas y derechos humanos, y portavoz de la organización no gubernamental, ha afirmado que en el momento en que PJV tuvo conocimiento de que se estaban quemando los hogares y vulnerando los derechos de las familias que viven cerca de la mina “deberían haber denunciado la situación ante las autoridades de Papúa Nueva Guinea”.
Martin señala que, “PJV continúa beneficiando a la policía y Barrick Gold continúa defendiendo públicamente la actividad de los agentes. Es necesario que el Gobierno de Papúa Nueva Guinea lleve a cabo una investigación completa, para enjuiciar a los responsables y ofrecer soluciones para los afectados”.
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Papúa a llevar a cabo una investigación para castigar a los responsables de la violencia y compensar a las familias que han sufrido daños y desalojos.
Fuente: EFE
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