(OroyFinanzas.com) – Cuando los países rozan el colapso económico instauran un tipo de economía muy peculiar: la economía de guerra; esa situación supone la introducción de controles férreos sobre los sistemas productivos y de consumo; así, las cartillas de racionamiento, la obligatoriedad de contratación de obreros por los empresarios, el reparto de las horas de producción, las barreras arancelarias y otros programas constituyen ejemplos de la amplia panoplia de ocurrencias de los desesperados dirigentes cuyas economías hacen agua, generalmente por sus negligencias; todo con tal de que los ciudadanos no caigan en la cuenta del caos reinante y, sobre todo, de la incapacidad del gobierno para resolver la situación.
Si alguien afirmase que el coste del petroleo no ha variado durante los últimos setenta años, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, el lector lo pondría en duda inmediatamente porque tal afirmación no corresponde con la experiencia diaria. Sin embargo, esa es la realidad.
La paradoja surge de la confusión entre el precio y el valor, cuestiones enormemente distintas como nos recordaba Antonio Machado en unos versos célebres. (“Todo necio confunde valor con precio”)
Efectivamente, el valor del barril de petróleo tomando como referencia el precio del oro ha permanecido invariable desde mediados del siglo pasado, aunque haya aumentado el precio debido a los procesos inflacionarios causados por el envilecimiento del dólar como moneda de pago.
La situación geopolítica en el norte de África, especialmente en Libia, país productor de petróleo, ha facilitado que el Gobierno de España dé una nueva vuelta de tuerca en su esfuerzo por gobernar el país a su manera, tal como cantó Frank Sinatra, a su forma, es decir, de la manera que le entra en gana a Zapatero y su caterva de fontaneros, aunque, a decir verdad, no es fehaciente la suposición de quién lleve las riendas de la gobernación.
Los burócratas europeos han inventado la palabra gobernanza para definir una labor de gobierno que mira más a Bruselas que la soberanía democrática. Es el gobierno de soslayo y de como quién no quiere la cosa pero que conlleva un certeza terrible: la disolución de la categoría política de ‘ciudadano’ y su sustitución por el concepto de ‘consumidor’ o acaso, por la conversión de la ciudadanía en mera espectadora pasiva de procesos de traspaso de soberanía a grupos de presión que defienden los intereses de conglomerados financieros o industriales.
La limitación de la velocidad en las autopistas y las autovías es una medida estúpida que, aún dando por hecho un ahorro no superior al diez por ciento del consumo de gasolina y gasóleo, conlleva un paralelo aumento de los costes de transporte porque a nadie escapa que significará un aumento del número de horas laborales, sea directamente por la mayor duración del tiempo de transporte o indirectamente por la mayor permanencia en el itinerario para acudir al puesto de trabajo.
Luego, nos encontramos ante una clásica y absurda medida de economía de guerra, que sólo trata de traspasar costes al transporte y el empresariado para reducir el déficit de la balanza de pagos. Una solemne tontería, porque la norma supone un nuevo aumento en nuestra altísima tasa de competitividad.
Por otro lado, es delirante que los distintos gobiernos propicien el aumento del coste de precio del petróleo (y las materias primas en general) mediante la creación indiscriminada de dinero en circulación y luego nos castiguen con medidas tan absurdas como la que hoy ha anunciado nuestro gobierno, medidas que sólo pagarán los más pobres porque a quienes viajan en primera clase o en coches corporativos les importa un pimiento el precio o el valor del petróleo.
Fuente: Goymad [1]
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