(OroyFinanzas.com) – Juan Castañeda y yo queremos resumir en este artículo las lecciones que hemos aprendido en el curso de nuestra colaboración como asesores de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Es nuestra bien considerada opinión que el euro padece una contradicción irremediable entre su objetivo político y sus fines económicos. Esa contradicción le llevará a ser siempre una moneda inestable y sujeta a crisis financieras.
Como buscaban crear una moneda firme, los países europeos acordaron en el Tratado de Maastricht y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento unos requisitos en apariencia muy severos para el funcionamiento del BCE y para la permanencia de los Estados miembro en el sistema. Entre otros, incluían la independencia del BCE y la limitación del déficit público a un máximo anual del 3% del PIB y de la deuda pública al 60% del PIB. La independencia del BCE implicaba la prohibición expresa de financiar a los Estados miembros y las instituciones de la Comunidad, así como su completa autonomía de decisión en el desempeño de sus funciones. El BCE se ha saltado ya esa prohibición al comprar deuda pública de los Estados afectados por la crisis de solvencia actual, so pretexto de salvar el área euro. Esta práctica puede poner en riesgo la propia credibilidad del BCE y su objetivo de mantener controlada la inflación.
La prohibición de préstamo al Estado es ciertamente excepcional en la historia de los bancos centrales. En su mayoría, los bancos centrales modernos nacieron como bancos privados que alcanzaron una relación privilegiada con Estados necesitados de crédito: como regla general, el Estado ampliaba el territorio, así como la cantidad de billetes que este banco podía emitir en régimen de monopolio, a cambio de recibir un préstamo en condiciones privilegiadas. Este acuerdo, tan beneficioso para un banco privado y un Estado deficitario, posibilitó que una sola entidad financiera fuera ganando un poder monopolista en el mercado monetario, así como una posición ‘central’ en el sistema de pagos.
Un ‘club’ de entidades de crédito
En España, la Ley de Ordenación Bancaria de 1922 delimitó claramente estas funciones del Banco de España como un banco central moderno. El banco presidía un ‘club’ de entidades de crédito que centralizaban en él sus reservas y lo usaban como cámara de compensación. Actuaba así como prestamista regular o extraordinario del sistema bancario y podía supervisar la gestión de los bancos privados asociados al club. En el seno de esta nueva ordenación había, sin embargo, una semilla de contradicción semejante a la que hoy aqueja al BCE. El Banco de España también actuaba de prestamista del Estado, puesto que la deuda pública era redescontable sin límite y en condiciones preferentes por los bancos comerciales miembros del ‘club’.
La única barrera a una política monetaria inflacionista era el límite máximo de emisión de billetes fijado de tiempo en tiempo por el Gobierno. Esta flexibilidad monetaria fue útil en el momento de cuasi-pánico motivado por la llegada de la II República. El hecho, no obstante, era que faltaba toda regla o limitación formal para la política monetaria. Lo mismo ocurrió en el resto de Europa en cuanto las naciones fueron abandonando el patrón metálico, fuese éste con la plata o el oro. Bajo regímenes monetarios ya plenamente fiduciarios, los Estados tenían manos libres para financiar sus necesidades de crédito, cada vez mayores, mediante la monetización del déficit público o, sencillamente, para ordenar al banco central que creara dinero a gogó.
Al iniciarse el proceso de creación de una moneda única europea, seguía muy presente en la opinión pública alemana el recuerdo de los nefastos efectos de la inflación en la República de Weimar. Alemania sólo se decidió a abandonar el marco y a apoyar la creación del euro a condición de que se evitara la erosión inflacionista de su poder de compra. Buscó un arreglo institucional que obligara al BCE a comportarse casi como si rigiera un patrón metálico. Es el que hemos descrito más arriba, el de prohibir al BCE prestar a los Estados miembro y limitar los déficits y deuda para los propios miembros. Ello parecía garantizar el lanzamiento de una moneda fuerte sobre la base de la obediencia a una regla monetaria comprometida con la estabilidad de precios y bajo la dirección de un órgano supranacional libre de interferencias políticas y presiones financieras de los Estados.
La crisis del euro, aún sin resolver, nos ha llevado a los autores de este artículo a abrir otra vez Lombard Street, el libro clásico de Walter Bagehot (1873). Explicó el que fuera primer director de The Economist la regla de comportamiento fundamental para casos de suspensión de pagos de bancos en una zona monetaria: se podía ayudar a esos bancos si eran solventes, pero se los disolvía si resultaban insolventes. Trasladado a la zona euro y sustituyendo Estados por bancos, esto significaría que el BCE debería limitarse a mantener la liquidez del sistema de pagos sin prestar directamente a los Estados que no respetaran los máximos del Pacto de Estabilidad comprando su deuda. En EEUU, hoy, los estados y los municipios incapaces de atender a su déficit tienen que apechar con las consecuencias sin recibir ayuda federal. Pues lo mismo debería ocurrir en la Unión Monetaria Europea (UME): los Estados castigados por los malvados especuladores por incumplir las condiciones del Pacto de Estabilidad tendrían que reestructurar su deuda y perderían sus derechos políticos en la UME.
Como el objetivo del euro no es económico sino político, se sabe que un mecanismo de este tipo nunca se aplicará en Europa. El euro se ha creado para fomentar la unión de los europeos. Por ello, seguirá siendo una moneda fluctuante, sujeta a crisis financieras repetidas, una moneda muy distinta de lo que fue el marco alemán.
Pedro Schwartz, Universidad CEU San Pablo
Juan Castañeda, UNED
Artículo publicado originalmente en Expansión el 17 de febrero de 2011
Fuente: Expansión
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