(OroyFinanzas.com) – El presidente del Bundesbank, A. Weber, publicó el martes 22 de febrero un muy acertado artículo en Financial Times [1]alertando sobre los riesgos de gestionar con criterios políticos laxos la salida de la actual crisis de deuda pública que afecta especialmente a algunos países del área euro. Está claro que a ningún Estado miembro de la eurozona le conviene la inestabilidad, ni aún menos el colapso, del sistema monetario que comparten.
Ahora bien, la asistencia a los socios con problemas financieros a través del fondo de rescate europeo no debe erosionar la independencia del BCE, ni la preeminencia de criterios coherentes y firmes de solvencia financiera y disciplina fiscal en el marco institucional europeo, de modo que podamos mantener la credibilidad del BCE y la estabilidad del poder de compra de la moneda común. Weber aconseja adoptar una estructura institucional en el área euro en la que primen los principios que establecía el Tratado de Maastricht: (1) responsabilidad nacional de cada país respecto a su conducta financiera, por tanto, (2) subsidiariedad de las instituciones europeas, así como (3) prohibición del rescate de los Estados.
Estos principios sí serían compatibles con la aplicación de un fondo de rescate que facilite la salida de situaciones de crisis, así como el ajuste fiscal que los gobiernos manirrotos más temprano que tarde tendrán que realizar. En su lugar, contraviniendo esos principios, en la UE se está poniendo en riesgo el marco institucional diseñado para preservar la estabilidad y el valor de la moneda. Ello se debe tanto a problemas operativos en la aplicación del fondo de rescate como, lo que es más determinante, a una incorrecta concepción de los verdaderos fines de este fondo dentro del correcto funcionamiento de la moneda única.
Por un lado, están las dificultades operativas del rescate. Hay peligro de que transcurra mucho tiempo desde que un país empieza a sufrir un episodio de crisis financiera hasta el momento en que los gobiernos aprueban la concesión de ese fondo de rescate, por lo que hay un período en que los inversores tienen incentivos racionales para especular contra la posición del Estado afectado y así poder obtener tipos de interés cada vez más altos en las nuevas emisiones. Por tanto, o se usa el fondo de manera inmediata o se decide no rescatar a los socios que sean insolventes, haciéndoles así verdaderamente responsables de su fallida política económica. Ello nos lleva a la discusión de los criterios que deben regir la asistencia a un país afectado: como los gobiernos alemán y francés se están encargando de subrayar en las últimas semanas, los créditos concedidos con cargo al fondo de rescate deben ir acompañados de un plan creíble de ajuste fiscal controlado por las instituciones europeas. Por tanto, tal crédito ha de entenderse únicamente como un “colchón financiero” que facilita al Estado afectado abordar el requerido ajuste fiscal, porque tal ajuste, con ayuda de sus socios o sin ella, ha de hacer lo en todo caso.
Relajar el crédito
Por otro lado, está el peligro de ceder a la tentación de relajar las condiciones de crédito en el área euro (ya muy generosas) cuando no amenaza una crisis, como si ello sirviera para estimular el crecimiento económico. Algunos países proponen ahora con fuerza renovada una política de tipos de interés bajos ad aeternum.
También quieren que sea el propio BCE el que intervenga como prestamista de última instancia de los Estados en dificultades financieras, mediante la compra directa de deuda pública. Con ello, se pide al BCE que incumpla sus propios Estatutos. Este último paso ya lo ha dado el BCE pasando por encima de la opinión del Doktor Weber, que ha quedado en minoría en el Consejo del BCE. Mis reticencias son aún mayores que las del consejero Weber.
No es posible pasar por alto el hecho de que, de manera indirecta, el BCE ya esté actuando desde el inicio de la crisis como prestamista (si bien indirecto) de los Estados, lo que supone una innovación de facto de sus Estatutos.
Digo indirecto porque, desde 2007, el BCE ha ampliado y abaratado de manera extraordinaria el crédito que da regularmente al sistema bancario; y son precisamente los bancos y otras instituciones financieras los principales compradores de la deuda pública de los Estados miembros. Visto que este nuevo papel del BCE no es muy acorde con sus Estatutos y visto el incumplimiento reiterado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habría que pensar en una nueva línea de defensa de la estabilidad del euro de la que es responsable el BCE. Podría ponerse en manos del BCE la supervisión del fondo de rescate.
Ello respondería a su posición como garante último del sistema de pagos en el área euro. En cumplimiento de esta función, se le encargaría decidir de manera independiente los criterios para la concesión de créditos extraordinarios a los Estados que, aún siendo solventes a medio y largo plazo, tuvieran un problema de liquidez a corto. Esos criterios pasarían por fijar firme y claramente un plan de ajuste fiscal para dichos países y excluirían el rescate automático y garantizado de los Estados insolventes.
En cambio, la mera compra directa de deuda pública, que no lleva aparejada tales condiciones, no hace sino aliviar a corto plazo la crisis de deuda de los Estados y mina la credibilidad e independencia del BCE y, con ello, la estabilidad y credibilidad de su moneda. La UE debería aprovechar la actual crisis de la deuda europea para confirmar la independencia del BCE creando un marco institucional que imponga una verdadera disciplina fiscal de los Estados miembro, al tiempo que preserva su función de prestamista de última instancia. La historia se ha encargado de demostrar ya demasiadas veces que la monetización per se de la deuda pública no sirve para estimular el crecimiento económico y sí para crear inflación.
Juan Castañeda, profesor de Economía Aplicada en la UNED.
Pulicado el 1 de marzo 2011 en Expansión [2]
Fuente: Expansión
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