(OroyFinanzas.com) – La asociación de compraventa de oro Hispania desea en conseguir una unificación de criterios en todo el territorio nacional a la hora de aplicar las distintas normativas y leyes que afectan a la actividad de la compraventa de oro. La entidad, que cuenta con el respaldo de más de 150 asociados, demanda un protocolo de actuación referente a la compraventa de oro [1], común en todo el país y una uniformidad de criterios a la hora de aplicar las normativas fiscales y policiales en las diferentes comunidades autónomas.
Desde Hispania se lamentan que, debido al espectacular crecimiento de este sector, las administraciones hayan visto en estos establecimientos un auténtico filón para recaudar dinero. Más aún cuando se trata de negocios muy controlados por todas las administraciones (Hacienda, Policía, Consumo…), con leyes y decretos que regulan dicha actividad. El mejor ejemplo de la falta de unificación de criterios por parte de las administraciones es la cuestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO).
Se trata de un impuesto dependiente de la Consejería de Hacienda de cada comunidad autónoma, donde en algunas de ellas se está reclamando, con carácter retroactivo, el pago del 4%. “Lo que no tiene ningún sentido es reclamar el pago del impuesto con carácter retroactivo”, se lamentan desde la asociación. Más aún si entre las propias administraciones no logran ponerse de acuerdo.
En este sentido, existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reclaman el pago de este gravamen, mientras que órganos como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazan el desembolso. Desde Hispania, existe el convencimiento de que no tiene sentido reclamar el pago de este impuesto.
“La compra de oro [2] no es una transmisión patrimonial como tal, como cuando se adquiere un inmueble o un vehículo que el comprador sí sigue utilizando, lo que hacen las empresas del sector es comprar oro para fundirlo y venderlo después para joyería o como oro de inversión”, aclaran desde la entidad.
Así lo avala una sentencia del Tribunal Supremo que rechaza las tesis del TSJA y exonera a las empresas de compraventa de oro de pagar el ITPO. Desde Hispania, confían en que se cree jurisprudencia y, por tanto, eximan a los profesionales del sector de abonar este gravamen. ACV Hispania llevará su particular lucha hasta las últimas instancias para que “no se castigue a un sector que hoy por hoy es de los pocos que genera puestos de trabajo y movimiento económico en el país”. “Lo que reclamamos es un protocolo de actuación común en todo el país y una uniformidad de criterios en las normativas fiscales y policiales”, sentencian desde la asociación.
© OroyFinanzas.com