(OroyFinanzas.com) – La crisis económica que estamos atravesando ha puesto contra las cuerdas el presupuesto de todas las Administraciones Públicas. En ese contexto, las Comunidades Autónomas parecen haberse convertido en una parte importante del problema de sostenibilidad financiera del sector público español [1].
Real o no, ha calado hondo el mensaje de que los gobiernos regionales están lastrando la posibilidad de que España cumpla sus compromisos con la Unión Europea en relación con el déficit público. Desde el otro lado de la barrera, las Comunidades Autónomas acusan al gobierno central de centrifugar su déficit, obligándolas a hacer ajustes desproporcionados. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Veamos.
Las Comunidades Autónomas absorben en torno a la tercera parte del gasto público total, incluyendo la prestación de servicios públicos tan importantes y visibles para los ciudadanos como son la sanidad y la educación. Aunque es cierto que durante los primeros años del siglo XXI estas partidas del presupuesto autonómico crecieron de manera particularmente importante, por su particular naturaleza siempre han mostrado un comportamiento muy dinámico, altamente relacionado con la transformación económica y social que ha experimentado España en los últimos 40 años.
Por otra parte, se trata de gastos muy rígidos a la baja: aunque se hayan modificado drásticamente las condiciones en que se financian estos servicios -porque ahora somos menos ricos-, no resulta sencillo recortar la cobertura de unas prestaciones que los ciudadanos consideran básicas y que, además, son muy intensivas en capital humano. Dicho de otra manera, para ahorrar gasto en sanidad y educación, habría que menguar el paquete de prestaciones básicas y, además, prescindir de parte de la plantilla, medidas ambas difíciles de adoptar para un gobierno que quiera ser reelegido.
Pero por más que la tensión alcista del gasto haya dificultado los compromisos de déficit, el presupuesto de las Comunidades Autónomas se ha resentido especialmente por la caída drástica de los ingresos.Durante años, los gobiernos autonómicos se financiaban con impuestos muy rígidos, cuya recaudación crecía lentamente, pero al mismo tiempo era insensible a los cambios habidos en el ciclo económico. Dado que contaban con competencias de gasto mucho más dinámicas, se diseñó un sistema de financiación autonómica que incluyó impuestos más elásticos, más sensibles al ciclo, como el Impuesto sobre la Renta o el IVA.
Desde 2002, las Comunidades vieron cómo sus recursos tributarios crecían rápidamente gracias al aumento de la recaudación de esos impuestos y de otros más directamente vinculados al ciclo de la construcción, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Los aumentos de recursos fueron espectaculares hasta 2008, y eso invitó a los gobiernos autonómicos a expandir su presupuesto de gasto por encima de lo que después ha resultado ser sostenible en un contexto mucho más restrictivo desde el punto de vista financiero. La caída de los ingresos con el fin de la burbuja inmobiliaria ha sido también espectacular.
¿Estamos ante un problema de mala gestión? ¿O es que el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es insuficiente? Con toda probabilidad, los gobiernos autonómicos han creado infraestructuras difíciles de sostener (los llamados “elefantes blancos”), con una dudosa rentabilidad económica y social.
También es cierto que algunas de las partidas de gasto que manejan son extremadamente difíciles de contener frente a una demanda social creciente. Sin embargo, no hay que perder de vista que las autoridades regionales en España gestionan sólo aquellos servicios que voluntariamente solicitaron al gobierno central, y que se nutren de un modelo de financiación que acordaron por unanimidad.
La Administración General del Estado no puede mirar hacia otro lado, ignorando los severos problemas de liquidez de las Comunidades, porque eso termina por afectar a los servicios que consumen los ciudadanos, pero tampoco puede asumir sin más el coste de todas las decisiones políticas tomadas a nivel regional, que en muchos casos han sido bastante cuestionables.
Ana Herrero, Licenciada en Derecho, doctora en Economía y profesora de la UNED desde 1997, donde imparte docencia de Economía, Economía del Estado del Bienestar y Hacienda Pública Descentralizada
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