(OroyFinanzas.com) – En las últimas semanas, el gobierno central español ha anunciado dos medidas, una relacionada con el gasto y otra relacionada con los ingresos públicos, que afectan directamente a los presupuestos de las Comunidades Autónomas y a la autonomía financiera que la Constitución les reconoce.

Por una parte, el gobierno central ha decidido crear un impuesto sobre los depósitos en entidades bancarias, fijando el tipo impositivo en el cero por ciento. De este modo, las Comunidades que tengan vigente un impuesto semejante tendrán que renunciar a él, para dar cumplimiento a la exigencia legal de que los tributos autonómicos no impliquen una doble imposición del mismo hecho imponible. El objetivo del gobierno central no es recaudar, como queda claramente reflejado en el hecho de que el tipo impositivo sea del cero por ciento.

Parece claro que su deseo es impedir, por la vía legal, que las Comunidades Autónomas recauden este impuesto que habían creado en un legítimo ejercicio de su autonomía financiera. Por añadidura, el gobierno central tendrá que compensar económicamente a las Comunidades que tengan el impuesto en vigor, para dar cumplimiento al principio de lealtad institucional. Con esto, el Estado creará un impuesto que no sólo no le reportará recursos, sino que le supondrá dos costes adicionales: 1) el gasto de gestionarlo y 2) la compensación a los gobiernos autonómicos.

Por otro lado, el Ministerio de Educación ha mostrado su deseo de modificar la legislación básica del sistema educativo, reduciendo el margen de actuación (la autonomía) que hasta ahora han tenido las Comunidades para diseñar la gestión de la política educativa en sus respectivos territorios. En concreto, parece que se aumentará el paquete de contenidos obligatorios y se regulará de una manera más estricta la forma -en concreto, la lengua- en que esos contenidos deben impartirse.

Aunque se trata de dos medidas de muy distinto ámbito y alcance, en ambos casos se está poniendo de manifiesto el débil respeto del gobierno central por la autonomía de gobierno de las Comunidades Autónomas. Más allá de la posición ideológica que cada uno pueda tener acerca del grado de descentralización deseado, lo cierto es que hay razones técnicas de peso para poner en cuestión la forma (del fondo ya hablaremos otro día) de actuar de nuestro gobierno central.

La primera razón, inapelable, es de carácter legal. La Constitución y su normativa de desarrollo reconocen la autonomía de gobierno de las comunidades autónomas, habilitándolas para que 1) ocupen el espacio fiscal que se les ha concedido de la manera que consideren más oportuna, de acuerdo con las preferencias y necesidades de sus ciudadanos y 2) gestionen libremente las políticas públicas que se les han transferido, con el único límite de respetar la normativa básica estatal (que, a su vez, también tiene sus propios límites).

La segunda razón tiene que ver con la cuestión de si nos creemos o no los beneficios de la descentralización que pronostica la teoría económica. De manera muy resumida, el argumento es el siguiente: cuando las necesidades y preferencias de los ciudadanos que residen en distintos territorios de un país son diferentes, la gestión descentralizada facilita que los servicios públicos se adapten mejor a las singularidades de cada territorio. Ahora bien, para que esos beneficios de la descentralización tengan lugar, realmente debe existir la posibilidad de que haya diversidad en las prestaciones públicas.

Si damos autonomía de gobierno a las autoridades regionales, pero después cercenamos la posibilidad de que diseñen sus propias políticas tributarias y de gasto, no estamos haciendo otra cosa que confundir al ciudadano, impidiendo que éste pueda exigir una adecuada rendición de cuentas a cada nivel de gobierno. Entre otras cosas, porque con este tipo de interferencias, el ciudadano ya no sabe quién es responsable de qué.

Ana Herrero, Licenciada en Derecho, doctora en Economía y profesora de la UNED desde 1997, donde imparte docencia de Economía, Economía del Estado del Bienestar y Hacienda Pública Descentralizada

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