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Control de capitales – represión financiera en España y la UE

(OroyFinanzas.com) – Después de establecerse la zona euro, según lo acordado por el Acuerdo de Schengen de 1985, los controles fronterizos se convirtieron en algo del pasado. “El espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de personas”, asegura el sitio web Europa.

Pero ahora la Unión Europea debate la posible imposición de controles de capital, controles fronterizos, limitación para retirar dinero en cajeros automáticos y la posible suspensión del espacio Schengen. Funcionarios de la UE aseguran que esto únicamente forma parte de una serie de planes de contingencia, ante una eventualidad.

Si bien en España los controles de capital no están contemplados en la legislación actual, fueron contemplados por el ordenamiento jurídico durante muchos años. Pero en España si existe la obligación de comunicar a las autoridades ciertas actuaciones financieras, con el objetivo de evitar el blanqueo y la evasión fiscal.

La prohibición del dinero en efectivo

En España los pagos en efectivo por un valor igual o superior a los 2.500 euros en las operaciones en las que intervenga un profesional quedaron prohibidos el pasado mes de noviembre de 2012. La Agencia Tributaria confía con estas medidas poder limitar los casos de fraude fiscal en este tipo de transacciones. En Francia a partir de 2014 se pretende limitar con el mismo objetivo a 1.000 euros los pagos en efectivo [1]. En septiembre 2012 se presentó ante el Parlamento italiano un proyecto de ley para prohibir toda transacción en efectivo por un importe superior a 50 euros.

La supresión mediante medidas coercitivas del dinero en metálico a favor de las transacciones electrónicas, es considerada por muchos como un paso más para controlar estrechamente a la población.

Ley AntiFraude en España

Antes del próximo 30 de abril 2013, todas las personas físicas o jurídicas residentes en España y los establecimientos permanentes en nuestro país de los no residentes, titulares de valores, acciones, fondos, seguros de vida, bienes inmuebles o cualesquiera otros activos situados o depositados en el extranjero, por un importe superior conjunto a 50.000 euros. Deberán identificar ante Hacienda todos los bienes y cuentas que tengan en el extranjero, detallando todos los movimientos de 2012. Además de los titulares jurídicos, están asimismo obligados los titulares reales, que posean o controlen más del 25%.

De acuerdo con la nueva ley antifraude, se contemplan sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado. Los patrimonios que decidan no desvelar sus capitales en el extranjero se arriesgan a ser sancionados importes que alcanzan el 150%. Estos bienes no prescribirán nunca. La nueva ley prevé un triple régimen sancionador. Por cada omisión o dato erróneo, se impondrá una multa de 5.000 euros.

Ley FATCA Foreign Account Tax Compliance Act

La  FATCA [2] es una polémica ley de EEUU con alcance internacional que se aprobó en marzo de 2010 y que obliga a las instituciones financieras y a otros intermediarios extranjeros a informar directamente al Servicio de Impuestos de EEUU (IRS) sobre las cuentas que superen los 50 mil dólares que los ciudadanos norteamericanos tengan en el extranjero.

El acuerdo para el intercambio de información fiscal y aplicación de la FATCA se ha firmado de momento con 5 países europeos: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido

Bajo la ley FATCA, cualquier banco en cualquier parte del mundo estará obligado a informar sobre los titulares de cuentas estadounidenses y dar a conocer sus saldos y recibos a las autoridades fiscales de Estados Unidos bajo la amenaza de enfrentarse a una retención del 30% sobre los activos financieros mantenidos en los EE.UU. por el banco en cuestión.

La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés) fue aprobada en Estados Unidos en 2010 como parte de la Ley de Incentivos para Restaurar el Empleo. Su objetivo es prevenir la evasión a través de cuentas bancarias en el extranjero.
El 2013 es un año de transición. La ley FATCA entrará en vigor previsiblemente en 2014.

Bienvenidos a la era de la represión financiera [3].

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