(OroyFinanzas.com) – Como ocurre con todas las demás categorías de ingresos públicos, la razón de ser de los impuestos es permitir financiar el gasto realizado por las distintas administraciones públicas. Sin embargo, siendo el más importante, éste no es el único objetivo que pretenden alcanzar los impuestos. Junto al objetivo financiero, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, el sector público utiliza diseños alternativos de su sistema tributario para conseguir otras metas que la sociedad considera importantes, como fomentar una distribución más equitativa de la renta y la riqueza, o garantizar una asignación más eficiente de los recursos. Hoy me centraré en la idea de cómo los impuestos pueden contribuir a reducir las desigualdades en la distribución personal de la renta y la riqueza.
¿Quién debe pagar los impuestos?
A la hora de crear y regular impuestos, las autoridades públicas tienen que responder a la pregunta genérica de ¿quién debe soportar la carga de los servicios públicos? En un primer intento de dar respuesta a esta pregunta, podemos decir que los impuestos, principal fuente de ingresos del sector público, pueden basarse en el principio del beneficio o en el principio de capacidad de pago.
Mientras en el primer caso contribuirán proporcionalmente más aquellos ciudadanos que reciban un mayor beneficio del gasto público –porque utilizan más los servicios o perciben mayores prestaciones-, en el segundo son las personas con una mayor capacidad de pago las que deben contribuir más a sostener el presupuesto del sector público. Si de lo que se trata es de reducir las desigualdades en la distribución personal de la renta, el diseño tributario óptimo requiere que la mayor parte de los impuestos estén basados en el principio de capacidad de pago: que contribuyan proporcionalmente más los que más tienen, de forma que las desigualdades en la renta disponible después de impuestos sean menores que las existentes antes de aplicar el sistema tributario.
¿Cuántos impuestos hay que pagar?
Aunque todos los sistemas tributarios contienen impuestos basados en este principio, la evidencia nos muestra que la respuesta a la pregunta de “¿quién tiene más capacidad de pago?” es muy diversa de unos países a otros. ¿Es la renta de los contribuyentes un buen indicador de su capacidad de pago? Con carácter general, sí, pero lo cierto es que existen muchos factores que pueden hacer que dos ciudadanos con el mismo nivel de renta tengan una capacidad de pago diferente, debido a sus particulares circunstancias personales (discapacidad, por ejemplo) y familiares (atención y manutención de ascendientes o descendientes, por ejemplo). Por este motivo, casi todos los impuestos personales incluyen algunos elementos (deducciones, bonificaciones, etc.) para ajustar la cuantía a pagar en función de todas aquellas características o circunstancias del contribuyente que se consideran que aumentan sus necesidades de gasto y, con ello, minoran su capacidad de pago.
Pero, ¿es la renta el único indicador de la capacidad de pago? ¿O debería incluirse también la riqueza del contribuyente? La incorporación del patrimonio al cálculo de los impuestos personales responde a la idea de que dos personas con ingresos y características personales y familiares iguales, pero con patrimonios diferentes, no disponen de la misma capacidad de pago. Y esto no es sólo así porque el patrimonio pueda generar rendimientos -que ya se cuantifican en la renta-, sino también porque la capacidad para endeudarse (para pedir un préstamo) y el poder de compra (transformando el patrimonio en dinero líquido) son distintos. Gravar la tenencia o la transmisión del patrimonio es la principal forma en que el sistema impositivo trata de garantizar la igualdad de oportunidades y, con ello, reducir las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza.
En definitiva, para que un impuesto tenga efectos redistributivos, es necesario que exija un esfuerzo proporcionalmente mayor a los ciudadanos con más capacidad de pago. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente a través de impuestos progresivos, que son aquellos en los que el tipo impositivo aplicado (el porcentaje que se multiplica por la renta para calcular la cuantía del impuesto) es más elevado a medida que aumenta la renta.
¿Hasta dónde redistribuimos?
Ahora bien, en todos los sistemas tributarios formalmente progresivos se han planteado en las últimas décadas intensos debates acerca de los posibles desincentivos a la generación de renta que éstos pueden provocar. De manera muy resumida, se dice que unos tipos impositivos muy elevados pueden hacer que algunas personas decidan trabajar menos porque no les merezca la pena su salario neto (después de impuestos). Este es el argumento básico que ha llevado a disminuir los tipos impositivos que gravan la renta de las personas en prácticamente todo el mundo en las últimas décadas.
En los últimos años la sociedad parece estar revisando el grado de redistribución y de solidaridad interpersonal que el conjunto de servicios públicos y de impuestos pretende efectuar. Ahora bien, ¿es realmente cierto que el sistema tributario es progresivo? ¿Es posible que existan esos desincentivos al trabajo? Lo cierto es que la inmensa mayoría de los trabajos académicos nos demuestran que el sistema tributario, en el mejor de los casos, es proporcional. Es decir, que cada persona contribuye al erario público en un porcentaje fijo (y no creciente) de su renta. ¿Por qué ocurre esto, si uno de los principales impuestos, el que grava la renta personal, es progresivo? Hay distintas razones, pero la más importante es, sin duda, el fraude fiscal. Los contribuyentes de renta alta cuentan con más medios (físicos y humanos) para eludir el pago de impuestos que los de renta baja.
Es cierto que la aversión a la desigualdad cambia en el espacio y en el tiempo. Como también lo hacen las fuerzas relativas de los distintos grupos sociales. Y, en este sentido, es posible que en la actualidad se esté revisando el “contrato social” sobre el que se asienta nuestro sistema tributario por una de esas (o ambas) razones. Pero al menos debería dejarse claro que la razón que subyace a esa revisión es que se está buscando una sociedad menos igualitaria, y no ampararse en el falaz argumento de que nuestro sistema tributario – proporcional, en el mejor de los casos, como dije antes- desincentiva el trabajo.
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