(OroyFinanzas.com) – En un artículo anterior, ya me referí a la problemática existente para repartir el déficit entre los distintos niveles de gobierno [1]. Hoy pretendo reflexionar sobre el reparto interno del déficit correspondiente al nivel regional. ¿Debe ser igual para todas? ¿O tiene sentido que se apliquen límites distintos según las circunstancias particulares de cada territorio? Más aún, ¿hay alguna justificación para que se aprueben techos de déficit “a la carta”? Ya adelanto que, como tantas otras veces, no tengo una respuesta clara para estas preguntas.
En las últimas semanas se han producido dos acontecimientos que sugieren la posibilidad de que, a mitad del ejercicio presupuestario en curso, se cambien las reglas del juego referentes al déficit público autonómico. Por un lado, parece que la Unión Europea está dispuesta a alargar dos años el periodo de ajuste para las finanzas públicas españolas, lo que significa que los recortes de gasto y los aumentos de ingresos necesarios para cumplir los compromisos contraídos con Bruselas podrían ser algo más suaves. Por otro, el Gobierno de la Nación ha sugerido en los últimos días que tal vez se apliquen techos de déficit distintos a las comunidades autónomas con necesidades especiales de financiación. De manera inmediata, los territorios con las cuentas relativamente más saneadas han expresado su disconformidad con esta última (posible) medida, argumentando que no sería justo “premiar” a los territorios incumplidores a costa de las comunidades que han cumplido sus planes de ajuste. Sin embargo, esos mismos gobiernos que se quejan de las reglas “a la carta” no ven ningún inconveniente en que Bruselas cambie sobre la marcha los objetivos de déficit exigidos al conjunto de las Administraciones Públicas españolas, distintos de los aplicados a otros países de la Eurozona.
Hasta ahora los planes de saneamiento del gobierno central han fijado un límite de déficit público igual para todos los territorios, calculado como un porcentaje determinado del Producto Interior Bruto (el 0,7% para 2013). Una regla transparente y universal, que facilita la planificación financiera regional. Pero ¿es esta la forma más adecuada de distribuir los esfuerzos de la consolidación fiscal en el sector público regional? Si se tiene en cuenta la diferencia de peso que el presupuesto autonómico tiene en el PIB regional de las comunidades más ricas y el peso que tiene en el de las más pobres, la regla vigente exige sacrificios proporcionalmente muy distintos a unos y otros territorios (Véase Xoaquín Fernández Leiceaga y Santiago Lago Peñas [2]). Por otro lado, lo que verdaderamente muestra la capacidad de una región para afrontar un plan de ajuste es la evolución de sus ingresos. En este sentido, no parece muy razonable que, bajo el actual marco institucional, se ignore el potencial de cada territorio para generar ingresos tributarios. Téngase en cuenta, además, que el shock de la crisis inmobiliaria no ha sido igual de intenso en todas las comunidades y que la caída de ingresos ha sido particularmente importante en aquellas en las que el sector de la construcción tenía un peso mayor.
Bueno o malo, el criterio que se utiliza en la actualidad para marcar el techo de déficit de las comunidades autónomas es siempre el mismo. Pero lo que ahora sugieren algunos territorios, y parece que acepta el Gobierno de la Nación, no es cambiar los criterios de reparto por otros técnicamente más adecuados, sino que se aprueben techos diferentes “a la carta”, según las necesidades financieras de las haciendas regionales. ¿Qué implicaciones tendría esto? La más importante es, sin duda, que se trataría de una negociación política, en la que la capacidad de cada comunidad para presionar al gobierno central –bien con iniciativas soberanistas, bien con amenazas de quiebra interna en el partido que lo dirige en la actualidad- constituiría el elemento clave para que un territorio tuviese un techo más alto o más bajo de déficit público regional. Como consecuencia de esto, los sacrificios exigidos a los ciudadanos (más impuestos, menos servicios públicos) de unos y otros territorios serían diferentes.
Dicho esto, también conviene señalar que ignorar la situación financiera individual de cada comunidad supone aplicar normas universales a situaciones presupuestarias muy heterogéneas. Aunque tener en cuenta el endeudamiento acumulado de los distintos territorios podría introducir algunos incentivos a comportamientos presupuestarios futuros poco responsables, no debemos olvidar que detrás de todos los procesos de consolidación fiscal hay recortes de servicios públicos que, en muchos casos, son esenciales para amortiguar los efectos negativos de la profunda crisis económica que atravesamos. En otras palabras, con un análisis meramente cuantitativo podemos estar obviando los (enormes) efectos cualitativos de los planes de saneamiento sobre el bienestar de la población.
En cualquier caso, no debemos olvidarnos de que pedir que las reglas del juego sean iguales para todos y que no se apliquen techos de déficit ad hoc a algunas comunidades, no es muy coherente con solicitar al mismo tiempo que la Comisión Europea flexibilice los planes de ajuste para España, mientras éstos se han aplicado con contundencia en otros países, como Portugal o Irlanda.
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