(OroyFinanzas.com) – Una de las malas costumbres de España es su retraso permanente en la adaptación a su cuerpo legislativo de las directivas comunitarias, las cuales son de obligado cumplimiento. En este caso, España va a aplicar, con un retraso de seis meses, la nueva normativa sobre fondos de inversión y hedge funds, en la cual las autoridades regulatorias de cada país miembro tienen que emitir autorizaciones para que estas sociedades de inversión puedan llevar a cabo sus actividades.
Las novedades se centran en la creación societaria de nuevos vehículos de inversión que contarán con una fiscalidad que no está del todo definida. Por ejemplo, se hace especial hincapié en la regulación de los fondos de capital-riesgo y sus fuentes de financiación. Con esta norma, en palabras del Ministro de Economía Luis de Guindos, se busca facilitar nuevas vías de financiación para los recursos propios de estos fondos de inversión.
Quizá uno de los aspectos más interesantes que se están desarrollando en este momento en España es la creación de instrumentos de financiación fuera de los circuitos bancarios. Es decir, se trata de buscar dinero fuera de los préstamos convencionales de la banca y, de esta manera, evitar el racionamiento del crédito existente.
Este fenómeno se conoce como “desintermediación bancaria” [1] y, a través de estas nuevas normas, es posible que se le dé el impulso definitivo. Muchos ahorradores quieren colocar su dinero en empresas y fondos de inversión. Sin embargo, están obligados a pasar por la banca y por los circuitos tradicionales de financiación. En muy pocas ocasiones pactan con los receptores la entrega de estos ahorros, pero están sujetos a unos costes muy altos en términos de burocracia y seguridad jurídica.
En este sentido, por tanto, nuevas formas jurídicas en el ámbito de los fondos de inversión posibilitan, siquiera en parte, una circulación mejor de los capitales en España. A pesar de que España ya llega tarde en esta normativa –España tiene abiertos 67 procedimientos sancionadores por parte de la Comisión Europea por retrasos e incumplimientos en la trasposición de las directivas comunitarias– puede ser una gran oportunidad para empresas y familias.
Fuente: El Economista
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