(OroyFinanzas.com) – Gracias a uno de nuestros lectores en Uruguay, Johny Sosa, hemos conocido el proceso de desaparición obligatoria de los pagos en efectivo de los salarios y rentas inmobiliarias en Uruguay. Se trata de un proyecto que está llevando a cabo el Ministerio de Economía y que está a punto de ser sometido a la consideración del Parlamento, a falta de algunos ajustes legales y técnicos.
Este proyecto de Ley, bautizado como “de inclusión financiera” persigue el cobro y pago de sueldos, alquileres y pensiones mediante transferencias o cheques bancarios, sustituyendo de forma obligatoria la práctica habitual de cobro en efectivo.
Según la información que recoge el diario nacional El Observador, esta Ley recoge también el sometimiento de todas aquellas operaciones superiores a 15.000 dólares a los circuitos bancarios. En este sentido, las transacciones en efectivo que sean superiores a dicha cantidad podrán estar sometidas a sanciones. Hasta ahora, se pagaba en efectivo por importes superiores a 15.000 dólares la compraventa de inmuebles o la adquisición de coches.
La nueva Ley persigue el control de una parte sustancial de la libertad de los individuos: las transacciones en efectivo. Este caso no es el primero, ni quizá sea el último. Hace unos meses contábamos en estas páginas de OroyFinanzas.com la criminalización del dinero en efectivo en economías tan modernas y desarrolladas como Suecia –la famosa entrevista al teclista de ABBA [1]– y los privilegios legales y burocráticos de los que gozan las empresas dueñas de las tarjetas de crédito y débito.
A partir de ahora, aquel que quiera firmar un contrato de arrendamiento urbano o desee comprar un vehículo nuevo no tiene más remedio que acudir a la banca para hacer los correspondientes pagos. La firma de un contrato de alquiler estará asociada a una cuenta corriente para realizar los pagos de la renta.
Uno de los argumentos que se esgrimen para acometer este recorte de libertades es la lucha contra el fraude fiscal, el narcotráfico y la financiación del terrorismo. Los gobiernos “bienpensantes” obligan a creer que en los circuitos bancarios no se extiende el fraude fiscal o el tráfico de drogas. Sin embargo, esto no es cierto. Es, precisamente a través de los llamados “paraísos fiscales” y con bancos de por medio, la forma por la cual se financian estas actividades ilícitas.
Hoy en día, la economía uruguaya está poco bancarizada. El sometimiento de los individuos a los circuitos bancarios tiene que ir acompañado de una serie de reformas en la operativa y reducciones de costes. En este sentido, el gobierno potenciará el uso de los bancos a través de la reducción de las comisiones y los precios por operaciones entre bancos.
Una nueva Ley, paralela a la primera, obligará a los bancos a prestar sus servicios “a un precio razonable”. Por ejemplo, se necesita una reducción sustancial de las comisiones por pedir un talonario de cheques, las cuales ahora rondan entre los 20 y los 30 dólares. Por otro lado, se fomentará la apertura de “cuentas ahorro-vivienda” para facilitar el acceso a la compra de vivienda por parte de los jóvenes.
La última de las medidas esenciales de la nueva normativa de acceso a la banca es la creación de una base de datos de los clientes en la que se controlará la información que el cliente y la Hacienda proporciona al banco. Con ello, se pretende controlar la calidad de los préstamos que se otorgan y las posibilidades de impago de cada uno de los clientes.
Uruguay, en suma, se enfrenta a un proceso rápido y directo dirigido por su gobierno para quitar libertad a sus ciudadanos. El desarrollo de la banca y de los circuitos de financiación bancaria es extraordinariamente necesario, tal como ocurrió en los siglos XIX y XX en los países desarrollados. Sin embargo, este proceso no debería llevarse a cabo a golpe de leyes y sanciones, sino dejando que la banca se expanda y se desarrolle por sí misma.
Fuente: El Observador [2]
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