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¿Es sostenible nuestro Estado del Bienestar en España?

(OroyFinanzas.com) – Aunque esta ha sido una de las preguntas centrales en el debate sobre la configuración y el tamaño del sector público en las últimas décadas, lo cierto es que el estallido de la crisis económica en 2007 puso en el punto de mira tanto la magnitud como la composición interna de los gastos y los ingresos públicos. Desde entonces, la red española de protección social asociada al denominado Estado del Bienestar viene siendo cuestionada a diario.

Para responder a la pregunta planteada, lo primero es acotar qué entendemos por Estado del Bienestar; siguiendo a Luis Ayala, entenderíamos por tal el conjunto de actuaciones o instrumentos que utiliza el sector público para asegurar a las personas frente a contingencias que están fuera de su control (paro, enfermedad o jubilación), y que pretenden dotarles de un mejor nivel de vida, al tiempo que aspiran a  garantizar un reparto más equitativo de la renta y una asignación más eficiente de los recursos.

Determinar si nuestro Estado del Bienestar es sostenible exige considerar las cifras de gasto social del conjunto de Administraciones Públicas, que incluyen las partidas destinadas a financiar la sanidad pública, las pensiones, la prestación por desempleo, etc. En este sentido ¿es el gasto social español demasiado alto? La respuesta a esta pregunta es forzosamente valorativa, porque lo que cada uno considera que debería incluir el Estado del Bienestar entra en el terreno de los principios y valores de cada uno. Ahora bien, si tratamos de responder comparando los datos españoles con los de los países de nuestro entorno, la respuesta es un rotundo “no”.

Con datos de Eurostat, el gasto social español en 2010 se situó en algo más del 25 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la media de la Unión Europea superó el 29 por ciento. Países como  Holanda, Dinamarca y Francia, a los que con frecuencia se quiere emular, gastaron en servicios y prestaciones de carácter social más del 32 por ciento de su PIB. Incluso si nos fijamos en los países de nuestro “entorno económico” (Italia, Portugal, Grecia e Irlanda), todos ellos, a excepción de Portugal, tuvieron niveles de gasto social próximos a la media de la Unión Europea. En términos cuantitativos, las redes de protección social española y portuguesa están más cercanas a las de países como Hungría o Eslovenia.

Claro que estos valores podrían ser reflejo de la crisis económica; dado que el gasto social incluye las prestaciones por desempleo y en 2010 ya se había destruido mucho empleo, volvamos hacia atrás, y observemos qué estaba ocurriendo antes. En el año 2007, cuando el auge económico alcanzaba su máximo, el gasto público social español se situó en el 20,69 por ciento de nuestro PIB, más de 5 puntos por debajo de la media de la UE (26,10 por ciento).

En ese mismo año, Francia, Suecia, Holanda y Dinamarca, a la cabeza del gasto social europeo, mostraron cifras en torno al 28 por ciento, mientras que los países mediterráneos de la UE se colocaron en torno al 25 por ciento. Por lo tanto, podemos decir que España se ha situado antes y durante la crisis por debajo del nivel de gasto en protección social de países con estructuras socio-económicas y/o políticas parecidas. No obstante, conviene destacar que la sensibilidad (el crecimiento) del gasto social español frente a la crisis ha sido bastante mayor, con toda probabilidad debido al espectacular incremento del desempleo.

Entonces, ¿por qué se afirma con tanta frecuencia que nuestra red pública de protección social es insostenible? Aunque es sólo una parte de la respuesta, creo que es necesario un cambio drástico de foco, del gasto al ingreso. La clave está, a mi entender, en qué ha pasado y qué está pasando con los ingresos públicos.

Utilizando datos de la OCDE [1], la presión fiscal española (medida como el volumen de recursos tributarios, incluyendo la seguridad social, con respecto al PIB) se situó en 2010 algo por encima del 32 por ciento. Por su parte, Suecia, Bélgica, Alemania y Finlandia mostraron valores holgadamente superiores al 40 por ciento, siendo Dinamarca, con un 47,6 por ciento, el país con un nivel de presión fiscal superior. Con respecto a los países de nuestro entorno geográfico, la situación es más parecida a la española, con valores ligeramente superiores al 30 por ciento en Portugal y Grecia, aunque Italia en este caso se sitúa entre los niveles más altos de la UE, con un 42,9 por ciento.

¿Qué ha pasado con los ingresos públicos durante la crisis? Las cifras de presión fiscal en 2007 muestran de nuevo una importante brecha entre los valores españoles (37,3 por ciento) y los de los países del centro y norte de Europa. La singularidad española frente a los países mediterráneos es la espectacular caída de la presión fiscal (cinco puntos del PIB) frente a los países de nuestro entorno (uno o dos puntos del PIB).

Como conclusión por tanto, parece claro que nuestro Estado del Bienestar no ha sido particularmente generoso, al menos no tanto como para cuestionar su sostenibilidad por el lado del gasto. Ahora bien, cuando analizamos las cifras de ingresos públicos, parece evidente que no podemos mantener una red de protección social adecuada mientras la recaudación por impuestos no alcance los niveles que corresponderían a nuestro nivel de renta per cápita. Teniendo en cuenta que los tipos impositivos en España se sitúan en niveles próximos a los de los países de nuestro entorno, parece que la causa principal de esa  escasez de recursos sería el fraude fiscal. En definitiva, si nuestro gasto social es bajo en términos relativos, y nuestro sistema fiscal es homologable –sobre el papel- al de nuestros vecinos, sólo construyendo una mejor cultura cívico-tributaria y poniendo más recursos al servicio de la lucha contra el fraude seremos capaces de financiar nuestro sector público en general, y nuestro Estado del Bienestar en particular. He ahí la clave de la sostenibilidad.

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