(OroyFinanzas.com) – En el mes de agosto, el Gobierno ha aprobado una nueva Ley del Sector Eléctrico. El objetivo de esta reforma es poner orden en el desbarajuste eléctrico originado en los últimos ocho años y que, entre otras consecuencias, ha generado un monstruoso agujero en las cuentas del sistema valorado en más de 28.000 millones de euros.
En este sentido, una gran parte del denominado “déficit de tarifa” (diferencia entre los ingresos del sistema y los costes) se debe a la política regulatoria en las energías renovables. A partir de 2005, el Gobierno creó un mercado artificial de energías renovables, nutrido de subvenciones públicas y protegido por unas rentas de escasez que garantizaban a los productores de renovables rentabilidades superiores al resto de fuentes de energía y, además, muy superiores a los retornos que generaban otras inversiones similares pero en condiciones de mercado.
A golpe de Real Decreto se fijaron retribuciones a las renovables que oscilaban entre el 7% y el 15% anual en función de cuál fuese el rendimiento de la Deuda Pública a diez años. Dado el vertiginoso crecimiento de la prima de riesgo de España entre los años 2007 y 2012, los inversores en renovables vieron incrementadas sus rentas y generaron rentabilidades superiores a lo que el Gobierno consideraba “razonable”.
Por el contrario, el incremento de las rentas artificiales que percibían los inversores tuvo su contrapartida en la situación financiera del mercado eléctrico. Conforme los retornos crecían, los gastos del Sistema crecían exponencialmente y, dada la insuficiencia de los ingresos, el agujero tarifario ha ido aumentando considerablemente.
Antes de la presente reforma se aprobaron decenas de Órdenes Ministeriales y Decretos con los que se intentó parar la “burbuja” de las renovables. Sin embargo, las empresas involucradas en el mercado, lejos de reducir su crecimiento, optaron por redoblar sus inversiones y explotar al máximo su posición privilegiada por el Estado. Estas empresas, bajo la creencia de que el marco regulatorio sería estable y que no habría cambios significativos en el régimen retributivo establecido para treinta años, siguieron una política de endeudamiento exponencial, una política inversora expansiva en otros mercados y todo ello al calor de una cuenta de resultados abultada y con tendencia creciente.
Una de estas compañías es la sevillana Abengoa, la cual pasa por ser una de las principales perdedoras en la reforma eléctrica aprobada por el Consejo de Ministros. Su situación financiera preocupa por el volumen de deuda que soporta y que ha alcanzado límites delicados. Por ello, la multinacional ha puesto a la venta una cartera de activos valorada en 1.500 millones de euros compuesta de líneas de distribución eléctrica, plantas termosolares y de cogeneración, entre otros elementos.
La compañía soporta una deuda que asciende a 2.446 millones de euros, lo que supone 3,2 veces el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones). El endurecimiento de las condiciones de financiación en el mercado y la elevada exposición de la banca española a la burbuja renovable convierte la venta de activos y la cancelación de hipotecas entregando la prenda en dos cuestiones inevitables.
Abengoa ha optado por la primera vía para reducir a 3 el múltiplo de la deuda sobre el beneficio económico y espera reducirlo a 2,5 en el próximo año. Esta operación mejorará, sin duda, las cuentas de la empresa y permitirá una menor caída del resultado del ejercicio, el cual ha caído un 11% hasta los 67 millones de euros.
Ya en 2011 Abengoa protagonizó un episodio trascendente en los movimientos empresariales en España. La entrada en su capital de la firma de capital riesgo First Reserve Corporation supuso un impulso para los proyectos que en ese momento estaban en ejecución tanto en España como en Estados Unidos y garantizaba la viabilidad de la compañía a medio plazo.
Este impulso cifrado en 300 millones de euros está ligado a un pacto de permanencia de dos años y medio. Este plazo se acaba en abril de 2014, lo que obliga a los inversores a estar pendientes de la continuidad de dicho pacto o su ruptura. Aunque el Gobierno crea que no se va a producir una salida masiva de inversores, la nueva regulación supone la quiebra de miles de explotaciones que se pusieron en marcha al calor de la reserva artificial creada por el Estado y que, en cuanto han sufrido un recorte en su retribución, se ha demostrado su absoluta dependencia de las subvenciones.
En peligro de morosidad se encuentran 40.000 millones de euros en créditos concedidos por la banca española. A pesar de la generosidad que el ministro de Industria ha pedido a las entidades financieras a la hora de refinanciar los proyectos afectados por la nueva regulación, los bancos deberán provisionar una parte sustancial de este montante y asumir, llegado el caso, una especie de dación en pago. Los bancos españoles no sólo serán inmobiliarias sino también, por accidente, promotores de energías renovables.
Fuente: Datos de TTRecord y Web Capital Riesgo
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El déficit de tarifa está causado en su mayor parte por los pagos tan tremendos que los últimos gobiernos han hecho y hacen por las centrales de gas que deben cubrir las bajadas de producción de las renovables. Mientras Alemania y otros países cubren la potencia renovable instalada hasta un 20% con centrales eléctricas de gas u otros combustibles fósiles, en España hay centrales de gas casi paradas que fueron subvencionadas y reciben todos los años pagos por estar disponibles, centrales que cubren más de un 100% de la potencia renovable instalada. Se paga a Argelia una millonada en contratos de gas que prácticamente no se usan. Las renovables se han usado para favorecer a los grandes de la energía en una temporada de vacas gordas. La ley del mercado de la energía fué dictada por un técnico de uno de estos grandes de la energía, y va a servir para limitar considerablemente la autonomía energética de España porque ha parado la inversión en fuentes de energía renovable.
En vez de ésto, el gobierno debería favorecer la instalación de renovables para que el ratio de covertura de las no renovables disminuya y el país esté preparado para las consecuencias de la bajada de producción de los combustibles fósiles, apostando por el futuro de nuestros hijos y no por los beneficios de las grandes empresas de la energía. De camino España iría acercándose al cumplimiento de los compromisos internacionales para la lucha contra el cambio climático. El gobierno ahorra ahora a costa de hipotecar nuestro futuro.
Esto demuestra que cuando la subvencion toca a un sector este se altera artificialmente y termina saltando en pedazos. Las subvenciones deben desaparecer de todos los sectores para siempre. Ojo a otros sectores como: agricultura (subvencionada con la PAC), mineria (subvencionada por el estado)etc , porque la subvencion ha creado una burbuja a punto de estallar
Excelente artículo, Sr. Santacruz. Expone la situación del sector eléctrico español con una claridad que no he visto refrlejada en ningún otro lugar. Mil gracias.
Como consumidor de electricidad, ahora entiendo mejor porque nos estan subiendo las tarifas eléctricas. Los consumidores hemos de pagar los desbarajustes en la política energética. Como siempre, es el pueblo llano el que paga las consecuencias de las decisiones de nuestros políticos y gestores. Nada nuevo bajo el sol, por cierto.
La confianza que España da con esas medidas es penosa, tanto a nivel nacional como internacional. Conozco importantes inversores en ese sector y estan indignados con el gobierno español.