(OroyFinanzas.com) – El proceso de formación de la Autoridad Regulatoria única de los mercados financieros europeos está provocando más de un conflicto entre los Estados miembros. En este sentido, Reino Unido se revela como el país más combativo contra la concentración de todo el poder regulatorio y supervisor en un único ente, la llamada ESMA.
Las autoridades de Bruselas persiguen como uno de sus principales objetivos prohibir las posiciones cortas, especialmente las relacionadas con activos financieros emitidos por la banca y los gobiernos. Las posiciones cortas –pedir prestado un activo financiero y venderlo en el mercado con la expectativa de una bajada de precio– son, a juicio de Bruselas, puros instrumentos especulativos. Su uso está íntimamente relacionado con ataques contra determinadas instituciones financieras y Estados.
Estas intenciones represoras de Bruselas han sufrido un duro revés tras el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Niilo Jääskinen. En dicho dictamen, el abogado recomienda reducir el poder de la Autoridad de supervisión única ya que en este asunto observa conflictos de intereses entre los diferentes Estados miembros.
Aunque este Informe no es vinculante, sí es tenido en cuenta (en general) por los jueces del Tribunal. Dada la más que previsible aprobación del reglamento de la ESMA, Reino Unido tendría un as en la manga: acudir al Tribunal de Justicia para suspender su aplicación. Si el Informe de Jääskinen es tenido en cuenta por los jueces, el gobierno presidido por David Cameron tendría todas las de ganar en este pleito.
La tesis de fondo en este conflicto es la jerarquía de las normas de supervisión y regulación dictadas por la ESMA. Todos los socios europeos, excepto Reino Unido, consideran que las normas dictadas por el supervisor único deben ser vinculantes y de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. Sin embargo, Reino Unido es partidario de que las normas de la ESMA sean vinculantes pero no de rango superior a la normativa regulatoria de cada país.
Esto es equivalente al establecimiento de un derecho de veto sobre las decisiones de la ESMA si éstas perjudican o invalidan las decisiones regulatorias nacionales. Si, en este punto, la Comisión Europea decide dar marcha atrás, Reino Unido habrá vuelto a conseguir una nueva victoria a favor de sus intereses, especialmente el veto a la prohibición de las posiciones cortas.
No es la primera vez –ni probablemente la última– que Londres hace prevalecer su criterio sobre el resto de Europa con mucha sensatez, dicho sea de paso. El pronunciamiento del equipo de juristas del Consejo Europeo contra el impuesto a las transacciones financieras o la cancelación del traslado del LIBOR a París, son victorias diplomáticas de gran alcance para Reino Unido.
Fuente: DWN
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