(OroyFinanzas.com) – El reforzamiento del poder del dictador Mugabe, el cual detenta el poder desde la independencia de la región de Rhodesia en 1965, está trayendo nuevas y muy duras consecuencias para los negocios privados en el país. En un régimen corrupto hasta la médula y represor de las libertades, la acción de las empresas como las minera de oro y metales preciosos privadas queda sujeta al capricho de Mugabe y, sobre todo, a su bolsillo, el cual acrecienta cada década que pasa en unos cuantos miles de millones de dólares.
Este marco institucional, de sobra conocido por los inversores y empresarios, sufre una nueva vuelta de tuerca tras la aprobación de una ley en la que obliga a las compañías mineras a ceder el 51% de su propiedad (es decir, la mayoría y el control de la empresa) a las comunidades indígenas que viven en los alrededores de la explotación. Esta orden no es más que un giro populista carente de sentido, puesto que los nuevos propietarios de las mineras serán los “señores de la guerra” y los caciques que gobiernan las regiones bajo los auspicios del sátrapa Mugabe.
Las mineras más afectadas son las que producen una mayor cantidad de riqueza: las explotaciones de metales preciosos. Algunas mineras ya han cedido a las presiones del gobierno como es el caso de la minera de platino Impala Platinum. Esta cesión implica vender el 51% de las acciones a comunidades de bienes formadas por campesinos y trabajadores controlados por los caciques locales por un precio irrisorio.
Las compañías mineras, en definitiva, se enfrentan a una expropiación o confiscación, sea directa o indirecta. Si es de mutuo acuerdo, el gobierno irá restando poder a la empresa matriz conforme vaya adquiriendo mayores porcentajes de acciones y tome el control absoluto de la política empresarial. Si no es de mutuo acuerdo, el gobierno confiscará de forma violenta los activos y liquidará la empresa.
Caerán, en cualquier caso en saco roto, las peticiones de los directivos de las empresas para que el gobierno pague el “justiprecio”. Es el caso de Impala, cuyo consejero delegado David Brown, ha pedido que se haga la valoración de la empresa según el valor presente descontado de los beneficios futuros. Esto que es impecable desde el punto de vista económico, no lo es a juicio del dictador Mugabe, el cual pagará un precio ridículo por la empresa.
Tampoco serán compensados por los proyectos de inversión ya puestos en marcha y que pasarían a manos de los nuevos propietarios. Estos extremos deberían estar reflejados en los planes que presentarán las demás compañías como la Anglo American o Aquarius. Con toda probabilidad, el gobierno buscará las pertinentes excusas para confiscar las mineras y expulsar a las compañías extranjeras del país.
Fuente: Platinum Investing News [1]
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