(OroyFinanzas.com) – En el día de ayer, la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) finalizó el proceso de adjudicación del 88,33% del capital de NCG Banco S.A (la fusión de las antiguas cajas gallegas Caixa Galicia y Caixa Nova), designando a la entidad Grupo Banesco como adjudicatario.

Banesco es un grupo bancario privado radicado en Venezuela, el cual ha ganado con una oferta que es casi nueve veces menor que el importe desembolsado por los contribuyentes para el saneamiento de la “fusión fría”. En total, las ayudas públicas recibidas por NCG hasta la fecha han sido de 8.981 millones de euros además de la venta de dos carteras problemáticas al SAREB.

La venta se ha formalizado en 1.003 millones de euros. Dicha cantidad se desembolsará en un 40% en breve y el 60% a plazos hasta 2018. Por parte del FROB no se ha aclarado si existirán créditos fiscales o algún tipo de aval en forma de Esquema de Protección de Activos. Este Esquema es un aval otorgado por el FROB a las entidades compradoras de bancos con problemas o en proceso de reestructuración como NCG o Cataluña Banc actualmente o la Caja de Castilla-La Mancha o Cajastur años atrás.

La intrahistoria de la subasta de las cajas gallegas

El FROB contrató los servicios de la consultora McKinsey para dirimir el futuro de los activos bajo gestión del FROB, es decir, cuándo y cómo iniciar el proceso de venta de las entidades nacionalizadas. En este sentido, el dictamen de McKinsey determinó que había que vender de forma rápida la participación en NCG antes de que sus activos se deterioraran aún más y para dar salida al grupo nacionalizado con un incentivo: 2.300 millones de euros reconocidos por la normativa como DTA (activos por impuestos diferidos o derechos de cobro que tiene la entidad sobre Hacienda ante futuras pérdidas fiscales).

La decisión de McKinsey, conocida en julio, aceleró la convocatoria de la Comisión Rectora del FROB para buscar mediador en el proceso de pública subasta de la entidad. La empresa elegida fue el banco francés BNP Paribas, la cual en los últimos meses se ha encargado del estudio de mercado y de la situación real de NCG. A su vez, BNP contrató a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) para realizar el estudio fiscal, legal, financiero y laboral de la entidad, conocido en la jerga como “due diligence”.

En paralelo a este proceso, BNP suscribió los servicios de la auditora Mazars para evaluar el impacto de la situación real de la entidad sobre la cartera de créditos e inversiones. Tras esto, BNP se encargó de hacer el estudio de mercado y puso en marcha los contactos pertinentes para seleccionar a los candidatos dispuestos a entrar como licitantes en la subasta.

Los potenciales licitantes recibieron, en un estadio posterior, la información contable de NCG bajo una exigencia de estricta confidencialidad. Si las entidades seguían interesadas en el proceso, tendrían hasta el 13 de diciembre para presentar sus ofertas. BNP envió una Carta de Proceso fechada el 21 de noviembre, en la cual formalizaba la invitación a las entidades a hacer sus pujas hasta el 13 de diciembre. Posteriormente, el 5 de diciembre, BNP envió a los licitantes una nueva Carta anunciándoles la ampliación del plazo hasta el 16 de diciembre, es decir, tres días más de lo previsto.

En medio de este proceso, la Dirección General de Tributos envió a la Comisión Rectora del FROB un informe en el que aclaraba la cantidad reconocida por activos de impuestos diferidos (DTA) y si éstos debían descontarse del precio que ofertara cada entidad. En dicho informe, se especificó que los DTA no se descontarían del precio de oferta y reconocía a NCG una cuantía de 2.300 millones de euros en este tipo de derechos de cobro, mientras que se suponía que fueran de 4.500 millones.

El proceso de subasta está basado no sólo en la venta del paquete de acciones propiedad del FROB (62,7%) y del Fondo de Garantía de Depósitos (25,6%) sino también en la ejecución de dos carteras de fallidos, pudiéndose vender de forma conjunta o separada. El volumen de acciones, correspondientes al 88,33% del capital, asciende a 2.084.195.139.

Los licitantes, finalmente, fueron tres bancos españoles (BBVA, Santander y La Caixa), un banco venezolano (Banesco) y tres fondos (Guggenheim y la oferta conjunta de JC Flowers y Oaktree). Según varias fuentes cercanas al Ministerio de Economía, el Gobierno no veía con buenos ojos que NCG fuera a parar a los fondos de capital riesgo, apostando desde el principio por un banco español, preferentemente La Caixa. Este banco se habría visto fuertemente beneficiado por el volumen de DTAs procedentes de la subasta.

La intervención de Santander y BBVA ha sido para mera figuración. Los dos lanzaron ofertas muy exigentes y a precios bajos respecto al esfuerzo hecho por el contribuyente, cercano a los 9.000 millones tras recibir la negativa de Economía a hacer un proceso conjunto con la otra nacionalizada: Cataluña Banc.

Entre los días 16 y 17, el proceso quedó prácticamente decidido. O bien era La Caixa o bien, Banesco. En esta selección ha sido decisiva la intervención política, concretamente la del presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. La obsesión de las autoridades –mantener la marca durante cinco años, directivos gallegos, la utilización del idioma autóctono o la conservación de una especie de “sistema financiero” autonómico– ha sido cumplida con la oferta de Banesco más que con la de La Caixa.

Aparte de las reglas establecidas (la primera puja debe superar al menos en 200 millones a la segunda y, además, ser un 50% más alta) Banesco se comprometió a garantizar la “galleguidad” (perdón por el neologismo) de la entidad. Feijóo y fuentes cercanas al Partido Popular dudaban de que La Caixa fuera a cumplir, de haber sido la adjudicataria, las condiciones impuestas a la luz de lo que ha pasado con otras entidades como el Banco de Valencia o la antigua Caja de Navarra (Banca Cívica).

Con estos mimbres, el FROB anunció en el día de ayer la adjudicación a Banesco, lo cual ha pillado por sorpresa a la banca internacional y a los agentes implicados en el proceso como los intermediarios y las consultoras.

La llegada de Banesco. ¿Quién es Banesco?

Según cuenta Gemma Martínez en el diario Expansión, Banesco ha logrado en pocos años convertirse en el primer banco privado de Venezuela. La fortuna del presidente Juan Carlos Escotet, en un país con una economía fuertemente estatalizada y con un control casi total por parte del dictador, sea Hugo Chávez o ahora Nicolás Maduro, proviene de la compra de diversos bancos públicos y privados en los últimos años en el país.

Fuentes del sector indican que Banesco es un ejemplo representativo de connivencia entre la banca pública y privada. Hacer negocios en Venezuela implica el consentimiento o, por lo menos, el conocimiento de las autoridades previo pago de sobornos o mordidas. Las autoridades del régimen chavista no tendrían incentivos para mantener una banca privada si no es por el beneficio que ésta puede reportarle a lo largo del tiempo.

Con un volumen de activos de 36.700 millones de euros, Banesco y Escotet (propietario del 85% del capital del banco) se lanzan al mercado europeo empezando por su país natal, España. En este momento, la capacidad de respuesta ante posibles pérdidas masivas es lo que más preocupa en España, ya que sólo en dos años ha habido que inyectar 9.000 millones de dinero público para sostener a un banco “zombie”.

Finalmente, la adjudicación del FROB debe contar con la aprobación de las autoridades comunitarias ya que en el rescate de NCG se utilizó dinero procedente del MEDE. Si, además, se diseña un Esquema de Protección de Activos, entonces la operación quedará condicionada al dictamen de Bruselas.

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