(OroyFinanzas.com) – Los delegados de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE [1], culminaron la semana pasada un proyecto de intercambio automático de datos fiscales para luchar de manera más eficaz contra el fraude fiscal. Este proyecto se aprobó en la reunión de los ministros de Finanzas del G-20 [2] que se celebró en Sydney (Australia) el sábado pasado 23 de febrero.
Una vez aprobado el proyecto o los estándares de éste, hace falta poner en marcha mecanismos concretos. Esta será la tarea a partir de septiembre según confirmó a los medios el secretario del ramo Pascal Saint-Amans el pasado domingo. En la instrumentación de esta medida, los bancos juegan un papel fundamental para prestar a las Haciendas los movimientos de cuentas corrientes y las transacciones realizadas a través de sus redes los presuntos delincuentes fiscales.
Los diferentes países han llegado a un consenso general, transmitiendo una sensación de acuerdo general. Sin embargo, este tipo de acuerdos implica de forma directa o indirecta una cesión de soberanía que muchos Estados no están dispuestos a hacer.
El modelo que persigue la OCDE es la creación de una especie de FATCA [3]. En palabras de Saint-Amans, “es una extensión multilateral del Acuerdo FATCA”. La ley FATCA es la que permite la intromisión hasta extremos inimaginables del gobierno en la vida de las personas para detectar fraude fiscal o evasión de capitales. La privacidad, simplemente, no existe en aras de unos “ciudadanos mejores y más responsables”.
No sólo están dispuestos a poner en marcha este nuevo sistema los países miembros de la OCDE. También Suiza se ha mostrado favorable. En una entrevista concedida al diario Neue Zürcher Zeitung, el ministro de Finanzas suizo Eveline Widmer-Schlumpf aseguró que Suiza estaría en las negociaciones y adoptaría el acuerdo más temprano que tarde. Desde hace años, Suiza ha ido dando pasos hacia una mayor transparencia fiscal y en varias ocasiones ha levantado de forma parcial el secreto bancario.
Este tipo de medidas, como la aprobada por la OCDE, persiguen aumentar los ingresos tributarios a cualquier coste criminalizando a los contribuyentes y acusándolos de “presuntos defraudadores”. El sistema tributario ni mejor ni amplía las bases recaudatorias presionando de esta forma a los contribuyentes.
Fuente: NZZ [4]
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