(OroyFinanzas.com) – La noticia económica de la semana pasada fue el anuncio por parte de Gowex de que había falseado sus cuentas. Al margen de los vericuetos técnicos de la estafa en cuestión, subyace la gran cuestión de por qué ha pasado y qué hacer para que no vuelva a pasar. Ante esta cuestión, prácticamente la mayoría de la opinión pública y publicada se inclina por pensar que es por la falta de controles y, lógicamente, derivado de lo anterior, para que no vuelva a repetirse fechorías de este tipo necesitamos más controles y más intensos.

Sin embargo, puede que la respuesta no sea tan sencilla. Toda regulación añade un coste –muchas veces muy importante, algunas veces incluso insalvable – a la actividad económica. Las nuevas regulaciones incrementan los costes de transacción y, además, requieren de más recursos destinados por parte del Estado hacer cumplir, vigilar y juzgar los comportamientos que no se ajustan a las nuevas normas. Además, la complicación paulatina del marco normativo añade una barrera de entrada intelectual, por la cual únicamente los más capaces se atreven a batallar contra los verdaderos laberintos legislativos que hemos ido construyendo con el tiempo en prácticamente todos los sectores. La consecuencia última de todo lo anterior es pérdida de crecimiento potencial y paro estructural crónico.

Sin embargo, mi argumento principal no es economicista. Otra consecuencia de pretender regular con normas específicas que pretenden modificar la conducta de los agentes económicos y no por leyes generales de protección y garantía de derechos, es la consolidación de un sistema económico en donde inversores y acreedores no son seres responsables, capaces de tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de las mismas, sino que se les considera seres inválidos que necesitan de una tutela permanente para realizar sus negocios o quehaceres diarios. Este hecho se convierte en la profecía que se cumple: si por ejemplo tratas a los inversores en bolsa como seres inválidos e irresponsables lo trágico de la situación es que si no lo eran lo acabarán siendo.

Un marco normativo tiene que ser comprensible, poco costoso, de aplicación universal y predecible en su sentido más práctico. En suma, las leyes tienen que proteger la propiedad y dotar a los contratos de seguridad jurídica para, precisamente, rebajar los costes de transacción y servir de sólido soporte a la edificación de una economía prospera y sostenible. Lo contrario solo construye sociedades subvencionadas y frágiles.

El problema de Gowex, al margen de los vericuetos del caso específico, ha sido la profusa intervención que caracteriza todos nuestros mercados y, muy especialmente, los mercados financieros. En un entorno en donde todo se realiza bajo mandato – de forma coordinada por un ente omnisciente que todo lo sabe y todo lo controla – se paraliza el funcionamiento dinámico del mercado y de esteriliza la tensión que ha de caracterizar cualquier mercado para que este pueda funcionar de manera eficientemente dinámica. Y subrayaría tres veces la palabra dinámica. Por el contrario, el estatismo conduce a la parálisis y a la falsa pretensión de que el Estado puede tomar de forma centralizada decisiones más juiciosas que cada uno de los agentes individuales por su propia cuenta y riesgo cosa que empíricamente los trabajos de Mises y Hayek demostraron tremendamente falsa.

Uno de los grandes orígenes del mal en el libre funcionamiento de los mercados financieros es la obligatoriedad de ciertas prácticas – como la auditoría – y la intervención del Estado a la hora de acreditar a determinados agentes cualificados para llevar algunas tareas – y muy especialmente censores de cuentas y agencias de cualificación –. ¿Por qué la auditoría tiene que ser obligatoria? ¿Por qué el Estado tiene que ser quién certifique quién puede ser censor de cuentas? Me explicaré.

En un sistema en donde la auditoría es obligatoria y en donde los criterios contables están sujetos al criterio del Estado y estos dejan de evolucionar en función de los intereses y preocupaciones de inversores y acreedores en cada momento, a quiénes el proceso de auditoría debiera proteger, sino que queda a la voluntad de los intereses políticos de turno. Además, estos principios son mutables con el tiempo (y es bueno que así sea porque dinámico es también el entorno), aunque la evidencia empírica demuestra que los principios contables apenas habían cambiado desde los primeros comerciantes europeos al final de la edad media.

En este escenario – que es en el que se enmarca el fraude de Gowex –, el inversor no se preocupa de la calidad del auditor al tiempo que el mercado difícilmente permite la existencia de auditores excelentes (ya que al estar todo regulado no hay incentivos a la innovación) ni tampoco puede depurar la existencia de malos criterios contables porque el proceso de mercado por el cual se lleva a cabo esta criba – y que es el resultado de la interacción libre y voluntaria de millones de agentes económicos – queda paralizado por la normativa estatal.

Imaginemos por un momento que auditarse no fuese obligatorio, que las auditoras no estuviesen reguladas por un censo oficial, y que las diferentes plazas en las que se compran y venden acciones (mercados organizados) tampoco estuviesen sometidas al arbitrio de la normativa estatal. De entrada, si una compañía no quiere auditarse mala señal que la entiende hasta mi abuela (con todo el cariño para mi abuela que como dice ella es de letras). Por otro lado, el mercado de la auditoria ya no sería percibido como una commodity sino que habrían auditoras muy severas, a las que tan solo unas pocas compañías pasarían su escrutinio (compañías que serían percibidas como muy solventes por el mercado), y otras no tan estrictas (compañías que serían percibidas con algo más de riesgo por parte de los inversores). Las dinámicas libres de mercado, en este caso la libre interacción entre inversores, acreedores y órganos de gobierno de las compañías decidirían, en cada caso particular, cual es la mejor manera de auditarse y con quién.

Por ejemplo, en el supuesto de que un emprendedor decidiera impulsar un proyecto empresarial y necesitará fondos, tendrá incentivos para auditarse por aquellas auditoras que generen más confianza entre los futuros inversores, es decir que –su track record auditando– ha probado ser solvente en el pasado y gustoso pagará sus fees (comisiones) para someterse libremente al proceso de auditoría y generar la confianza necesaria entre los futuros socios. Esta misma argumentación podría aplicar perfectamente a las plazas de negociación de valores (MAB y similares) o las famosas agencias de calificación: los procesos de mercado libre y un marco regulatorio claro y estable son los mejores ingredientes para que los mercados financieros sean eficientes y funcionen normalmente.

Con este esquema, además, conseguiríamos que el verdadero cliente de la auditora fuese, de nuevo, la propiedad (accionistas y acreedores) y no el equipo gestor de la compañía como sucede ahora. ¿Quién sino Jenaro García era el principal beneficiado del esquema actual en donde el proceso de auditoría está absolutamente reglado y las auditoras no tienen los incentivos para ir más allá del horizonte que les marca la ley? En un entorno de mercado libre, los auditores de una firma tendrían los incentivos para escudriñar de manera continua a las compañías y su equipo gestor, innovando, para proteger los intereses del verdadero cliente – la propiedad – ya que si, a la postre, se descubriese alguna irregularidad esa auditora perdería reputación en el mercado y no volvería a ser contratada.

La conclusión ha de ser clara: cuando la regulación y esquema normativo de los estados limita la capacidad de decisión de los agentes económicos y les impone normas de conducta específica es inevitable tender hacia sistemas más complejos y frágiles en donde siempre surgen efectos no previstos por dichas regulaciones. En efecto, cuando los procesos de mercado – que son el instrumento más eficaz para el avance de las economías – se ven entorpecidos estamos favoreciendo una sociedad cada vez menos responsables y cada día más dependiente de nuevas normas con el grave menoscabo para la libertad de empresa que eso conlleva y el enorme coste fiscal y regulatorio al que esta espiral normativa nos conduce. Se trata por lo tanto de regular menos y mejor, y de establecer un marco institucional en el que, en la medida de lo posible, los agentes económicos sean responsables de sus propios actos.

Por LUIS TORRAS, consultor y estratega de negocio. Es autor del libro “El despertar de China” tanto en español como en inglés y disponible en Amazon.

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