(OroyFinanzas.com) – Tristemente, la Argentina se está convirtiendo en un campo de entrenamiento de nuevos –y sin embargo muy viejos- métodos de represión financiera como es la compra forzosa de deuda pública. Las medidas tomadas por el gobierno de la señora Cristina Fernández van desde la congelación de los precios de venta al público de los productos de supermercado a la prohibición de que determinados medios de comunicación y de prensa libre coloquen anuncios en espacios públicos.
La situación agónica de las cuentas públicas ha llevado al gobierno de Cristina Fernández a comenzar un proceso de amnistía fiscal en el cual se obliga a los evasores fiscales a suscribir bonos del gobierno al 4% de interés. El incumplimiento de este precepto haría que el evasor fuera castigado con la cárcel. La excusa para implementar esta medida es financiar la empresa pública YPF, expropiada a la empresa española Repsol hace año y medio.
Además de todas estas formas de control de la sociedad civil, el gobierno está tomando medidas para evitar el colapso de la moneda. La situación crítica del peso frente al dólar ha llevado a los ahorradores e inversores a colocar su dinero en activos financieros que batan a la inflación, dada la práctica imposibilidad de sacar dinero al exterior.
En este sentido, el proceso inflacionario y la entrada masiva de inversores ha llevado al principal Índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Merval, a máximos históricos con una revalorización anual del 273%. Sin embargo, ni la huída de los ahorradores a la Bolsa les libra de un intenso proceso de devaluación de su patrimonio.
Gráfico: Evolución reciente del índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
La Argentina tiene cerrada la puerta de acceso a los mercados internacionales de capitales [1]. Muy pocos inversores compran deuda argentina, puesto que el riesgo de impago es muy grande. Por ello, las autoridades están comenzando un proceso que puede acabar en la obligación de compra de deuda pública no sólo para los defraudadores de Hacienda sino también para todos los ahorradores y ciudadanos.
El pasado 7 de mayo, el poderoso viceministro de Economía Axel Kiciloff [2] aseguró que el volumen total de riqueza que ha sido evadida o que se mueve como dinero negro es de 160.000 millones de dólares, un 36% del PIB argentino y, de los cuales 40.000 millones estarían dentro del país. Estas cifras, a juicio del gobierno, justifican una persecución judicial de los inversores que han decidido salir del país por miedo a perder su dinero.
Más duro fue el director de la Agencia Tributaria argentina, Ricardo Echegaray: “La búsqueda de los defraudadores, que incluye cruzar información de renta y riqueza, compra de vivienda, coches, pasajes y tarjetas de crédito, continuará”. Y advierte: “harás bien si traes tus dólares de vuelta, porque si no te encontraremos”.
Esta campaña de persecución de los ahorradores ha degenerado en un puro chantaje y acoso. Un proceso de amnistía fiscal que se basa en el insulto, la criminalización del evasor fiscal y la amenaza es imposible que pueda generar buenos resultados. En todo proceso de amnistía fiscal, el Estado tiene que ofrecer al evasor unas reglas del juego claras y una tributación baja si quiere que tenga éxito. No debemos olvidar que la causa del fraude fiscal es, precisamente, el entorno institucional e impositivo.
Por consiguiente, este proceso ni ofrece garantías, ni ofrece seguridad, ni ofrece confianza. Los 5.000 millones de dólares que prevén recaudar no serán tales ni servirán para sostener una empresa como YPF ni para acometer las inversiones encaminadas a explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Al final, un régimen autoritario como el argentino se ha quedado, como decía Margaret Thatcher, sin dinero.
Fuente: Zero Hedge [3]
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