(OroyFinanzas.com) – En un informe hecho público el lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) [1] ha advertido del problema crediticio en España. A pesar de las mejoras en la solvencia de los bancos y la supuesta buena marcha de la reestructuración de los balances, el FMI no tiene claro que este proceso vaya a terminar en una activación del crédito.
Desde hace casi siete años, la banca privada española está ajustando sus balances, aumentando sus provisiones en línea con los dictámenes del Banco de España y reformando su estructura de costes operativos. En paralelo a esta reforma institucional, existe una operación de concentración en cuatro o cinco grandes grupos solventes y con un activo gigantesco, convirtiéndose en peligrosas máquinas de riesgo sistémico.
Por otro lado, la práctica totalidad de las antiguas Cajas de Ahorros han sido objeto de un plan de rescate con dinero procedente del MEDE [2] para salvarlas de la quiebra más absoluta. Este dinero europeo no sólo está sirviendo para recapitalizar estas entidades sino también para ser intermediarias entre el Tesoro y el BCE. El préstamo del MEDE de hasta 100.000 millones de euros, en última instancia, está yendo en parte al rescate silencioso del Estado, con la colaboración inestimable de grupos como Santander o Caixabank.
La financiación privilegiada del Estado es el primer obstáculo en la recuperación del crédito al sector privado. En este sentido, el Tesoro sigue expulsando del mercado de créditos al sector privado, cuya financiación ha caído un 7% interanual en mayo, una de las mayores caídas del conjunto de las economías desarrolladas.
La negativa a proporcionar financiación a familias y empresas por parte de la banca no sólo está explicada por el manejo que hace de los fondos –con tipos de interés reales negativos [3]– que obtiene del BCE. Tal como hemos explicado anteriormente, el ajuste interno de los balances provoca un racionamiento del crédito y un control extremo de los riesgos.
El monto de provisiones, tal como publicamos hace unos meses, ya alcanza los 600.000 millones de euros. Las provisiones diseñadas por el Banco de España incluyen colchones anticíclicos que ya se pusieron en marcha en 2002 bajo la dirección de Jaime Caruana y que, gracias a ellos, el agujero en la banca pública no ha sido peor. Además, recientemente el Gobernador Luis María Linde ha pedido por escrito la limitación de los dividendos en efectivo [4] –noticia que publicamos en fechas recientes–.
El FMI insiste en una supervisión clara y concisa del rescate de la banca pública. Urge al Gobierno a evitar que los costes para el contribuyente se incrementen aún más. Se refiere al coste adicional que soportarán los contribuyentes gracias al “banco malo” y su negocio más que dudoso de liquidar los activos inmobiliarios problemáticos de la banca. En este sentido, el FMI pide mayor prudencia en su línea de negocio y unas previsiones más conservadoras.
Por si todo esto fuera poco, la exclusión en las normas de Basilea III de los activos fiscales diferidos –creados cuando un banco incurre en pérdidas que pueden compensarse con futuros pagos de impuestos– por valor de 50.000 millones de euros, debe obligar al Gobierno a llegar a un acuerdo con los bancos.
Tal como afirma Ángel Laborda en su artículo semanal sobre coyuntura económica [5], el FMI ha echado un jarro de agua fría a las perspectivas de la economía española. Mientras que los paneles de coyuntura como FUNCAS han mejorado sus perspectivas de crecimiento para 2014, el FMI advierte “de que a la economía española le va a costar levantar el vuelo, sobre todo si no se implementan muchas reformas pendientes y se mejoran otras ya adoptadas o en proceso de aprobación” dice Laborda.
Fuente: Reuters [6]
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