(OroyFinanzas.com) – En el mes de agosto, el Gobierno ha aprobado una nueva Ley del Sector Eléctrico. El objetivo de esta reforma es poner orden en el desbarajuste eléctrico originado en los últimos ocho años [1] y que, entre otras consecuencias, ha generado un monstruoso agujero en las cuentas del sistema valorado en más de 28.000 millones de euros.
En este sentido, una gran parte del denominado “déficit de tarifa” (diferencia entre los ingresos del sistema y los costes) se debe a la política regulatoria en las energías renovables. A partir de 2005, el Gobierno creó un mercado artificial de energías renovables, nutrido de subvenciones públicas y protegido por unas rentas de escasez que garantizaban a los productores de renovables rentabilidades superiores al resto de fuentes de energía y, además, muy superiores a los retornos que generaban otras inversiones similares pero en condiciones de mercado.
A golpe de Real Decreto se fijaron retribuciones a las renovables que oscilaban entre el 7% y el 15% anual en función de cuál fuese el rendimiento de la Deuda Pública a diez años. Dado el vertiginoso crecimiento de la prima de riesgo [2] de España entre los años 2007 y 2012, los inversores en renovables vieron incrementadas sus rentas y generaron rentabilidades superiores a lo que el Gobierno consideraba “razonable”.
Por el contrario, el incremento de las rentas artificiales que percibían los inversores tuvo su contrapartida en la situación financiera del mercado eléctrico. Conforme los retornos crecían, los gastos del Sistema crecían exponencialmente y, dada la insuficiencia de los ingresos, el agujero tarifario ha ido aumentando considerablemente.
Antes de la presente reforma se aprobaron decenas de Órdenes Ministeriales y Decretos con los que se intentó parar la “burbuja” de las renovables. Sin embargo, las empresas involucradas en el mercado, lejos de reducir su crecimiento, optaron por redoblar sus inversiones y explotar al máximo su posición privilegiada por el Estado. Estas empresas, bajo la creencia de que el marco regulatorio sería estable y que no habría cambios significativos en el régimen retributivo establecido para treinta años, siguieron una política de endeudamiento exponencial, una política inversora expansiva en otros mercados y todo ello al calor de una cuenta de resultados abultada y con tendencia creciente.
Una de estas compañías es la sevillana Abengoa, la cual pasa por ser una de las principales perdedoras en la reforma eléctrica aprobada por el Consejo de Ministros. Su situación financiera preocupa por el volumen de deuda que soporta y que ha alcanzado límites delicados. Por ello, la multinacional ha puesto a la venta una cartera de activos valorada en 1.500 millones de euros compuesta de líneas de distribución eléctrica, plantas termosolares y de cogeneración, entre otros elementos.
La compañía soporta una deuda que asciende a 2.446 millones de euros, lo que supone 3,2 veces el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones). El endurecimiento de las condiciones de financiación en el mercado y la elevada exposición de la banca española a la burbuja renovable convierte la venta de activos y la cancelación de hipotecas entregando la prenda en dos cuestiones inevitables.
Abengoa ha optado por la primera vía para reducir a 3 el múltiplo de la deuda sobre el beneficio económico y espera reducirlo a 2,5 en el próximo año. Esta operación mejorará, sin duda, las cuentas de la empresa y permitirá una menor caída del resultado del ejercicio, el cual ha caído un 11% hasta los 67 millones de euros.
Ya en 2011 Abengoa protagonizó un episodio trascendente en los movimientos empresariales en España. La entrada en su capital de la firma de capital riesgo First Reserve Corporation supuso un impulso para los proyectos que en ese momento estaban en ejecución tanto en España como en Estados Unidos y garantizaba la viabilidad de la compañía a medio plazo.
Este impulso cifrado en 300 millones de euros está ligado a un pacto de permanencia de dos años y medio. Este plazo se acaba en abril de 2014, lo que obliga a los inversores a estar pendientes de la continuidad de dicho pacto o su ruptura. Aunque el Gobierno crea que no se va a producir una salida masiva de inversores, la nueva regulación supone la quiebra de miles de explotaciones que se pusieron en marcha al calor de la reserva artificial creada por el Estado y que, en cuanto han sufrido un recorte en su retribución, se ha demostrado su absoluta dependencia de las subvenciones.
En peligro de morosidad se encuentran 40.000 millones de euros en créditos concedidos por la banca española. A pesar de la generosidad que el ministro de Industria ha pedido a las entidades financieras a la hora de refinanciar los proyectos afectados por la nueva regulación, los bancos deberán provisionar una parte sustancial de este montante y asumir, llegado el caso, una especie de dación en pago. Los bancos españoles no sólo serán inmobiliarias sino también, por accidente, promotores de energías renovables.
Fuente: Datos de TTRecord y Web Capital Riesgo [3]
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