Durante los últimos 3 años, los establecimientos de compra y venta de oro y otros metales preciosos en algunas comunidades autónomas españolas denuncian haber tenido que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales (TPO) que se gestiona a nivel autónomico, a pesar de haber doctrina legal de no tener que hacerlo, lo que ha supuesto fuertes repercusiones en el sector, ya que puede haber llevado al cierre del 80% de las tiendas en España.